Tensión, desinterés y polarización en la recta final del proceso para cambiar la Constitución de Pinochet

Santiago de ChileChile encara la recta final de su segundo proceso constituyente con la tensión política disparada, una marcada polarización y un creciente desinterés de la ciudadanía hacia la propuesta de nueva Constitución que se está redactando desde marzo. El Consejo Constitucional encargado de elaborar el texto, a partir de un borrador escrito por un comité de 24 expertos designados por el Parlamento, está controlado por los sectores conservadores, y la ultraderecha del Partido Republicano tiene el mayor número de escaños, 22 de 50. "La derecha radical ha tenido un rol dominante porque la distribución del poder es asimétrica y ha generado un clima de poco acuerdo con las fuerzas gubernamentales", explica al ARA el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza.

Hace 10 días los ultras decidieron retirar cuatro polémicas propuestas para modificar el borrador constitucional. Fue un gesto inesperado e inédito hasta ahora por su parte, que justificaron diciendo que las enmiendas "ralentizaban" el proceso y provocaban "un cierto ofuscamiento" en la opinión pública. Entre los cambios descartados se encuentra el que buscaba la protección de “la vida del niño que ha de nacer”, que colocaba a los tratados internacionales sobre derechos humanos en un rango infraconstitucional, y el que reducía a “reclusión nocturna” las penas de los presos mayores de 75 años. Este último artículo fue muy criticado porque suponía perdonar a los condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este lunes se conmemoran 50 años del golpe de estado contra Salvador Allende, su inicio.

Con el apoyo de la derecha tradicional, el Partido Republicano también ha descartado artículos en materia de protección medioambiental –para mitigar los efectos del cambio climático– y el derecho a la vivienda “digna, segura y propia”. Por ahora, sólo se ha votado en las comisiones, pero las mayorías del órgano hacen prever que las modificaciones se confirmarán.

“Hasta ahora, la ultraderecha ha tenido mucho éxito para aprobar sus reformas más identitarias y eliminar las pocas medidas progresistas que habían quedado en el borrador. No ha buscado consensos más allá de la derecha tradicional”, dice la politóloga de la Universidad Católica Julieta Suárez-Cao. Ambas derechas suman una mayoría de 33 escaños, que les permiten prescindir de la negociación con la izquierda tradicional, que tiene 16.

Provocaciones de la derecha pinochetista

El clima institucional en el país está “crispado”, como dijo hace unos días el presidente Gabriel Boric, y es “tóxico”, como ha insistido también la expresidenta Michelle Bachelet esta semana. Más allá del Consejo, también en el Congreso hay polémicas públicas cada dos por tres. Las más recientes, por el retroceso que supone la negación o justificación, por parte de varios parlamentarios, de la violencia cometida durante la dictadura. "Yo justifico el golpe militar", dijo en julio el diputado Jorge Alessandri. Un mes después, la Cámara Baja releyó una resolución de 1973 contra el gobierno de Allende que, en su día, había servido para avalar la ruptura de la democracia. Recientemente, una diputada de extrema derecha calificó de “leyenda urbana” la violencia sexual que el régimen ejerció contra las mujeres detenidas y encarceladas.

“Existe un clima de polarización entre las élites políticas, sobre todo dentro del Consejo y en la esfera parlamentaria, pero esta división no se ha trasladado necesariamente a la sociedad, porque la ciudadanía confía muy poco en el proceso y no cree que lleve ningún cambio positivo”, dice Espinoza. Las últimas encuestas revelan que el 56% votarían en contra de la nueva Constitución y que sólo el 24% la aprobarían. Suárez apunta al "rechazo transversal de izquierda a derecha", que atribuye más bien a una "predisposición a rechazar este tipo de iniciativas más que al contenido de la propuesta". Según afirma, esta forma de actuar se enmarca en “un sentimiento anti statu quo, antiestablishment y antipolítica en general” que va más allá de Chile y que está calando en casi todos los países de América Latina.

Si, de nuevo, la ciudadanía rechaza el texto, será el segundo fracaso de Chile, desde la revuelta de 2019, en el intento de escribir una nueva Constitución (la anterior fue en septiembre de 2022 con un texto de tendencia progresista). Boric dejó claro que durante su mandato no habrá una tercera oportunidad.