Un año después de la explosión en el puerto, el Líbano no levanta el vuelo

BeirutMariana Fodoulian se ha tatuado la cara de su hermana Gaia en el brazo. No lo ha hecho para recordarla, sino para que la gente no olvide que Nesga murió en la tragedia del puerto. “No me lo puedo quitar de la cabeza. El recuerdo de mi hermana me da fuerzas para seguir adelante. Por eso quise unir a las familias, porque todos estamos pasando por lo mismo. Entre nosotros no hay diferencias políticas ni sectarias, queremos conocer la verdad, queremos que se haga justicia", dice Fodoulian, que lidera la Asociación de Familiares de las Víctimas del Puerto de Beirut.

La tremenda explosión en el puerto de Beirut, que tuvo lugar en la tarde del 4 de agosto del año pasado, provocó un profundo cráter en las instalaciones, devastó viviendas, instituciones educativas, y negocios de media ciudad; acabó con la vida de más de 210 personas y dejó malheridas a 5.000. El coste económico se ha evaluado, aproximadamente, en unos cinco mil millones de dólares, según el Banco Mundial. Pero el coste humano es completamente incalculable. Ni el dolor ni la vida humana tienen precio. Un año después, las heridas de los damnificados continúan abiertas, sin poder cicatrizar, ante la falta de voluntad política y judicial para avanzar en la investigación.

A falta de conocer las causas exactas de la explosión –la investigación sigue–, la versión oficial es que un incendio accidental en el hangar número 12 del puerto habría hecho estallar parte de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que almacenaba. Todo ello provocó una explosión equivalente a 1,1 kilotoneladas de TNT. El FBI aseguró posteriormente que la explosión había sido de 500 toneladas de nitrato.

"Accidente" y "fatalidad"

Ahora, el gobierno maquilla su culpa con la rehabilitación de bares y restaurantes. También reconstruyen las fachadas de los edificios más modernos y lujosos de las céntricas calles de Mar Mikhael y Gemayseh. Pero detrás de estos edificios de primera fila, a medida que uno se va alejando del ajetreo de los bares, otros muchos edificios siguen escacharrados y vacíos. Sus vecinos han tenido que marchar a vivir a apartamentos temporales y sobreviven gracias a las ayudas de las oenegés locales.

Las autoridades libanesas jugaron desde buen comienzo con los términos accidente y fatalidad para quitarse de encima la responsabilidad, aunque después el presidente del país, Michel Aoun, confesara que había sido informado “semanas antes [de la explosión sobre la existencia] de un arsenal peligroso”, refiriéndose al nitrato de amonio que había llegado al barco de carga Rhosus, de bandera de Moldavia, y que fue depositado en secreto en un almacén del puerto en 2013.

El entonces primer ministro libanés, Hassan Diab, ordenó el arresto de una docena de funcionarios portuarios de bajo rango e inició una inminente investigación para intentar apaciguar los ánimos incendiados de los libaneses. No lo consiguió. Un estallido de cólera con protestas violentas tumbó su gobierno solo seis días después de los hechos.

Lucha de todos

Abogados, víctimas y organizaciones de derechos humanos han condenado la investigación interna sobre la explosión por la falta de transparencia, por violaciones del proceso y por los retrasos debido a la interferencia de los políticos. “Si dejamos que la investigación caiga en el olvido, que los responsables no rindan cuentas, nos estamos condenando todos. Esta lucha no es solo de las familias de las víctimas, es del pueblo libanés”, sentencia Fodoulian.

El 13 de julio un grupo de familiares de las víctimas se manifestaron ante la residencia del ministro de Interior interino, Mohammad Fehmi, que rechazó la solicitud del juez Tareq Bitar, que lidera la investigación, de interrogar al general Abbas Ibrahim, el poderoso jefe de la Seguridad General, y al jefe de la Seguridad del Estado, el general Tony Saliba, entre otros altos cargos.

Las protestas se volvieron violentas y decenas de manifestantes resultaron heridos por las fuerzas policiales. “Dejen que la justicia siga su curso”, reclamó entonces Lynn Maalouf, directora regional de Amnistía Internacional, que exige a las autoridades libanesas que “suspendan inmediatamente” todas las inmunidades concedidas a los políticos imputados.

"Solo siento rabia. No hay respuestas sobre las causas de la explosión ni ningún alto responsable ha rendido cuentas", denuncia Maria Fares, que perdió a su hermana Sahar, una paramédica de la brigada de Bomberos que acudió a la zona del puerto cuando se propagó el primer incendio en el silo. “Sahar amaba su trabajo y no reparaba en el peligro. Pero si sus superiores hubieran estado al corriente de la existencia de nitrato de amonio no lo habrían enviado directamente a la muerte. Es una negligencia del gobierno”, sentencia.

Inflación y escasez 

La tragedia del puerto de Beirut, que cambió para siempre la vida de los libaneses, llegó en un momento en el que la economía del país estaba completamente hundida. La inflación, de dos dígitos, ha provocado escasez de suministros básicos, medicinas y carburante, puesto que el Líbano lo importa prácticamente todo.

El país de los cedros lleva un año sumido en el colapso económico con unos líderes incapaces de ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno. Y cuanto más se alargue la inestabilidad política, más tardarán en llegar las tan necesitadas ayudas internacionales para reconstruir la ciudad de Beirut. Paralelamente al aniversario de la explosión del puerto, se celebra este miércoles una tercera conferencia internacional de donantes para el país, organizada por Francia, histórica potencia colonizadora del territorio hasta los años cuarenta del siglo pasado. El presidente Emmanuel Macron fue el primer líder en visitar Beirut después de la catástrofe del puerto. Con posterioridad, ha viajado a Líbano en dos ocasiones para pedir a los dirigentes del país que desbloqueen la parálisis política que los atenaza para que se puedan llevar a cabo las reformas.

Estas reformas parecen imposibles porque cuando están en el poder los políticos no se ponen manos a la obra. Es paradigmático el caso del ex primer ministro Saad Hariri, que dimitió en enero del año pasado. Ahora quiere promover a través de su grupo parlamentario, El Movimiento Futuro, un proyecto de ley para acabar con la inmunidad política para todo el mundo, incluido el presidente. Pero en un país que arrastra una corrupción endémica desde hace más de 40 años, difícilmente se llevará a cabo. Porque si uno cae, podrían caer todos.