Carnicería en Bangladesh por las protestas contra las cuotas en la función pública

BarcelonaTanques en la calle, toque de queda, escuelas cerradas y cortes que afectan a todas las redes de comunicaciones. El gobierno de Bangladesh está utilizando todos los medios que tiene a su alcance para reprimir las protestas que asedian desde hace semanas las calles del país y que ya han provocado al menos 150 muertos y más de 1.600 detenidos. Las imágenes que llegan de Daca, la capital, pero también de otras ciudades más pequeñas, hierven con enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes –la mayoría, estudiantes– que intercambian golpes de bastón por balas de goma y perdigones. Protestan por la polémica ley de cuotas, que garantiza la reserva de más de la mitad de los puestos de trabajo de la administración pública a determinados colectivos –entre ellos familiares de los veteranos que lucharon en la guerra de independencia de Pakistán–, que consideran discriminatoria.

Las protestas empezaron a principios de julio en la Universidad de Dhaka y se extendieron enseguida por el resto de campus y ciudades del país. Decenas de miles de ciudadanos se sumaron, con bloqueos en las carreteras y vías ferroviarias. El 15 de julio irrumpió la violencia, cuando la facción estudiantil del partido de la primera ministra Sheikh Hasina –La Liga Chatra de Bangladesh– atacó a varios estudiantes que se manifestaban dentro del campus de Dhaka. Se intensificaron entonces los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente con el Batallón de Acción Rápida, un órgano paramilitar que ya había sido sancionado por Estados Unidos en el 2021 por haber cometido "graves abusos contra los derechos humanos".

El jueves, las autoridades del país cortaron el servicio de internet y de telefonía móvil y ordenaron cerrar todas las escuelas y universidades, después de que un grupo de manifestantes prendiera fuego a la cadena de televisión estatal Bangladesh Television (BTV), según los medios locales. Este miércoles se ha levantado el toque de queda después de cinco días en los que los militares han patrullado las calles.

La gota que colmó el vaso fue la ley de cuotas que, según los manifestantes, no tiene en cuenta los méritos a la hora de acceder a cargos de la administración. Esta ley, aprobada en 1974 –tres años después de la guerra en la que Bangladesh ganó la independencia de Pakistán–, reservaba un tercio de los puestos de trabajo públicos a los hijos y nietos de los "luchadores por la libertad". En el 2018, el ejecutivo le había suspendido, pero una sentencia del Tribunal Supremo del 1 de julio de este año declaró que la suspensión era ilegal. Tras dos semanas de protestas, el Tribunal Supremo se pronunció el domingo a favor de una apelación del gobierno, y ordenó que el 93% de las plazas de la administración se abrieran a concurso de méritos, una decisión que se leyó como una victoria amarga entre los estudiantes, que todavía denuncian coerción de las libertades individuales.

Una líder de hierro

Las protestas, que nacieron como un movimiento pacífico, han cristalizado en un desafío al ejecutivo de la primera ministra Sheij Hasina. Si bien ha logrado revalidar cuatro mandatos y ganarse el apoyo de dos potencias como India y China, Hasina es una dirigente inflexible, y no le ha temblado el pulso a la hora de ordenar la represión contra sus ciudadanos . Según analistas consultados por el New York Times, la crisis desatada en Bangladesh se la ha creado ella misma y es una muestra del descontento acumulado por un sistema de abuso de poder, que lleva años actuando con severidad contra la disidencia política.

Diplomáticos y analistas advierten que la violencia que vive el país "no tiene precedentes en las últimas décadas", y para muchos ciudadanos se ha traspasado una línea roja que hace difícil imaginar que el resentimiento se desvanezca pronto. La Unión Europea y Amnistía Internacional emitieron comunicados el viernes en los que denunciaban la "violencia" de la represión e instaban al gobierno a poner fin a la muerte de manifestantes. Según la organización para los derechos humanos, la represión demuestra "una absoluta intolerancia de las autoridades de Bangladesh frente a la protesta y la disidencia".

Según un informe del Banco Mundial, un 13% de la población del país sobrevive con menos de 1,75 euros al día y la falta de puestos de trabajo afecta especialmente a los jóvenes de entre 15 y 29 años, hasta todos los que son graduados universitarios. Por este motivo, los trabajos en el sector público están especialmente bien valorados por los beneficios salariales y la estabilidad que ofrecen. Las protestas llegan seis meses después de unas elecciones en las que la Liga Chatra revalidó la mayoría absoluta, pero que la oposición boicoteó por carencia de garantías democráticas.