Estados Unidos
Internacional 02/06/2021

Biden sitúa a Kamala Harris al frente de la lucha por el derecho al voto

El presidente denuncia las leyes electorales republicanas durante su histórica visita a Tulsa

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Supervivientes de la masacre de Tulsa escuchan el discurso de Joe Biden, el primer presidente de los EE.UU. que rompe el silencio institucional sobre aquel episodio negro de la historia de los Estados Unidos.

Cien años ha tardado un presidente de Estados Unidos en poner un pie en Tulsa para reconocer que lo sucedido allí en 1921 “no fueron unos disturbios”, sino que fue “una masacre”. Un siglo después de que una turba blanca arrasara literalmente Greenwood, el próspero barrio de mayoría afroamericana de esta localidad de Oklahoma, y acabara con las vidas de un número todavía indeterminado de vecinos negros (se estima que pudieron ser alrededor de 300), Joe Biden dio el martes un paso que ni siquiera Barack Obama llegó a dar: admitir en voz alta la verdad silenciada durante décadas sobre uno de los episodios más sangrientos de violencia racista en Estados Unidos.

El gesto fue simbólico pero largamente esperado por la comunidad negra de Tulsa. Reflejo tanto de la lentitud con la que el país afronta su pasado como, por otro lado, de cómo la lucha contra el racismo institucional no ha terminado. La guerra se libra en varios frentes, entre los cuales, una vez más, el del derecho al voto. Quizá por ello Biden aprovechó la ocasión para relacionar aquel episodio trágico de racismo con el endurecimiento de las leyes electorales en estados de mayoría republicana. En su discurso de Tulsa, el demócrata subrayó que “este derecho sagrado” afronta “un ataque verdaderamente sin precedentes”. Un ataque que el mandatario vinculó con la lucha por los derechos civiles de los años 60 y contra el que prometió luchar “como un demonio”.

Joe Biden anunció en Oklahoma que le ha encomendado a su segunda, Kamala Harris, que “ayude y lidere ese empeño”. En un comunicado, la vicepresidenta aceptó asumir el encargo y anunció que en los días venideros “trabajaré con organizaciones por el derecho al voto” así como con miembros del Congreso “para ayudar a aprobar esas leyes”. Las leyes a las que se refiere Harris son las propuestas por el Partido Demócrata en el Capitolio que pretenden no solo proteger el derecho al voto frente a las prácticas de supresión republicanas sino también ampliar las opciones para ejercerlo.

Aunque el domingo los demócratas de Texas lograron paralizar, aunque sea temporalmente, la aprobación de una de las legislaciones más restrictivas, lo cierto es que 14 estados del país han aprobado en 2021 normas que dificultan el acceso a las urnas, especialmente para las comunidades más desfavorecidas, como la negra, que tienden a votar mayoritariamente demócrata. Un empeño republicano que, según el Brennan Center for Justice, una institución vinculada a la Universidad de Nueva York, se cifra en lo que va de año en “al menos 389 leyes restrictivas” introducidas en 48 estados. No todas llegarán a aprobarse pero ofrecen un preciso retrato de la fijación republicana por contentar a Donald Trump, que todavía insiste falsamente en la teoría del fraude electoral para explicar su derrota en 2020.

El problema para Joe Biden es que su promesa de sacar adelante en el Congreso una ley electoral como la que lleva el nombre del difunto congresista y activista por los derechos civiles John Lewis se enfrenta a la realidad matemática del Senado. Aprobada ya en la Cámara de Representantes, la propuesta necesita 60 votos favorables en la cámara alta para poder llegar a la mesa del Despacho Oval. Es decir, requiere del apoyo de todos los demócratas más diez senadores republicanos.

Una vez más el escenario que, por ejemplo, hizo imposible la semana pasada la creación de una comisión de investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero. Un listón que los demócratas pudieron eludir con la mayoría simple cuando aprobaron en marzo el paquete de estímulo económico propuesto por Biden por valor de casi dos billones de dólares haciendo uso de una argucia legal prevista para leyes presupuestarias.

Si no hay milagro bipartidista, los demócratas podrían tratar de dinamitar el filibusterismo que rige en el Senado y que exige esa supermayoría para sacar adelante las leyes. Una práctica que en el pasado sirvió para torpedear el derecho al voto de los ciudadanos negros y que hoy vuelve a interponerse como una barrera entre la minoría afroamericana y las urnas.

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