El ejército birmano cierra el aeropuerto internacional de Rangún hasta el 1 de junio

Los diputados detenidos durante el golpe de estado en Birmania, que han pasado la noche en un centro de detención al aire libre en la capital, Naypidaw, han sido autorizados por el ejército a volver a casa, según ha anunciado esta mañana el partido de la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional Democrática (NLD). Fuentes del partido aseguran también que han podido saber que Suu Kyi, líder de facto del país hasta el golpe de estado de ayer, se encuentra en buen estado de salud.

Birmania se ha despertado inmersa en una tensa calma este martes, el día después del golpe de estado militar que ha derribado al gobierno democrático y ha impuesto el estado de emergencia. Los soldados patrullan por las grandes ciudades, tropas y camiones bloquean las carreteras de acceso a la capital, Naypidaw, y los helicópteros militares sobrevuelan la ciudad, pero las comunicaciones se han restablecido: internet vuelve a funcionar y también los teléfonos, pero con algunos bloqueos. Los bancos también han vuelto a abrir con normalidad después de haber quedado el lunes fuera de servicio. Con todo, el silencio domina las calles, circulan muy pocos coches y el nerviosismo es palpable, según explican varios testigos en las redes sociales, a la espera de saber cuáles serán los siguientes movimientos del general Min Aung Hlaing, que ahora concentra el poder en el país.

Durante la noche el ejército ha formado un nuevo gobierno con el nombramiento de once ministros, todos ellos generales, ex generales o antiguos asesores del último gobierno militar de antes de las elecciones democráticas del 2015. La Liga Nacional Democrática (NLD), el partido que ganó el 83% de los escaños en las elecciones del 8 de noviembre, ha emitido un comunicado a través de Facebook para reclamar la liberación inmediata de sus diputados y de su líder, Aung San Suu Kyi, que ha gobernado de facto el país en los últimos cinco años. Este martes, además, los militares han dado la orden de cerrar el aeropuerto internacional de Rangún hasta el 1 de junio.

Se desconoce dónde está Suu Kyi, que fue detenida ayer durante el golpe de estado, pero desde la NLD se cree que está en arresto domiciliario. La Nobel de la paz ya pasó 15 de sus 75 años en arresto domiciliario durante la dictadura militar que oprimió al país durante medio siglo. Por otro lado, según la agencia AP, unos 400 diputados habrían pasado la noche retenidos en "un centro de detención al aire libre" en el complejo gubernamental de Naypidaw, de donde no se les permitía salir a pesar de que podían hablar entre ellos y utilizar el teléfono. Según han explicado esta mañana desde su partido, no se prevé que Suu Kyi se mueva de donde está, pero los diputados sí podrán volver a casa.

"Menos movimiento del habitual, pero en el mercado las paradas están abiertas y no hay ninguna sensación de gente haciendo compra de pánico. He encontrado lo de siempre a precios normales. Es una extraña sensación de vuelta a una normalidad anómala", explicaba en Twitter desde Rangún, la segunda ciudad más grande del país y la capital económica, Ignasi Calbó, subjefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en la zona. Este diario ha intentado contactar con él, pero la ONG no ha permitido hacerle ninguna entrevista por motivos de seguridad.

A los llamamientos de la NLD para la liberación de Suu Kyi y el resto de detenidos se han sumado potencias internacionales. El gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos amenaza con reimponer sanciones económicas al país, retiradas con la llegada de la democracia. El propio general Min Aung Hlaing, que ha liderado el golpe de estado, es objetivo personal de las sanciones norteamericanas, después de que el gobierno de Donald Trump congelara los activos del militar en los EE.UU. y prohibiera cualquier negocio por su participación capital –como instigador y líder– en la limpieza étnica de la minoría musulmana de los rohinyás.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de urgencia este martes, mientras crece la preocupación internacional por la represión militar que se pueda desencadenar y también por la situación de la minoría rohinyá. "Para los rohinyás será todavía mucho peor, porque el ejército ha sido precisamente el principal perpetrador de las atrocidades y de la persecución institucionalizada ya desde finales de los años 70", explica al ARA Maung Zarni, cofundador birmano de la Free Rohingya Coalition, una organización que actúa como portavoz del exilio rohinyá.

A pesar de que el ejército ha declarado el estado de emergencia solo un año y ha prometido elecciones el año que viene, casi nadie confía en estas promesas. Desde que el 8 de noviembre el partido de Suu Kyi ganó aplastantemente las elecciones e incrementó su mayoría parlamentaria, los militares han visto en peligro su control sobre el país, que mantenían a pesar de la democracia. "Aung San Suu Kyi ha hecho muy poco para marginar a los militares o impulsar una reforma democrática real. En lugar de esto, ha creado un partido en el que ejercía un poder enorme, despreciaba instituciones importantes como la prensa libre y defendía continuamente las acciones a menudo brutales de los militares, minimizando los abusos contra los rohinyás. Por lo tanto, no consiguió fortalecer la democracia en los últimos años", escribía Joshua Kurtlantzick, investigador del Sudeste Asiático del Council of Foreign Relations. Según él, los militares "pueden haber creído que la pandemia global de covid, la relación estrecha con China, la regresión democrática en otros estados de la región y el desinterés de los EE.UU. en los derechos humanos de los últimos años" les permitirían hacer un golpe de estado sin tener mucha respuesta internacional.