Crónica de una familia rota por las redadas antiinmigración de Trump: "Mamá, tengo miedo de volver a casa y que no estés"

WashingtonLa llamada que hacía meses que María –nombre ficticio– temía recibir llegó la tarde del sábado 12 de octubre. En el centro de Washington, la mayoría de personas hacían vida normal en medio de la militarización de la ciudad. Lejos de los restaurantes de la calle 14 y los beer gardens donde la gente aprovechaba los últimos días de buen tiempo, Gabriel –nombre ficticio– estaba esposado en la parte trasera de un furgón negro aparcado a un lado de la carretera George Washington Memorial Parkway, que conecta Virginia con Maryland y Washington.

"Ven a recoger la camioneta, me han cogido. No vengas a buscarla tú porque también te cogerán. Pide a alguna persona con papeles que venga. En cuanto pueda te diré más cosas", dijo Gabriel a María en mam, una lengua indígena de Guatemala, para evitar que estaba hablando con su esposa.

Al otro lado del auricular, Maria miró a su hija, Vanesa, de nueve años, que estaba en la sala de estar esperando a que su padre volviera a trabajar para llevarla a jugar al parque. "La niña estaba llorando, en choque, cuando se lo dije. No paraba de preguntar: «¿Qué ha hecho papá? ¿Por qué se lo han llevado?»", explica a la ARA Maria tres semanas después de la detención de su marido y dos después de que fuera deportado a Guatemala. La mujer, de 36 años, sostiene a Diego sobre su regazo, el pequeño de sus tres hijos, que tiene sólo tres años. "Hacía tiempo que teníamos miedo, pero al principio se sentía como algo lejano. Primero sólo era algo que vemos en las noticias, pero después empezaron a detener a conocidos, luego a familiares. Hasta que nos ha tocado a nosotros. Estábamos prevenidos, pero nunca habríamos imaginado esta pesadilla horrible", explica Maria.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de realizar la "mayor deportación de la historia". Desde que juró el cargo el 20 de enero, el presidente ha puesto en marcha una campaña de terror contra la comunidad migrante, con medidas como autorizar las redadas en escuelas e iglesias, o bien invocar la ley de enemigos extranjeros para poder expulsar a migrantes a los que acusa de ser criminales. En todo el país, miles de familias como la de Maria se han roto por las detenciones del ICE. La administración no informa de cifras de forma regular sobre las expulsiones. En agosto, Estados Unidos ya había deportado a unas 350.000 personas desde que Trump fue investido.

María, al igual que su marido, no tiene papeles. Entró en Estados Unidos en el 2011 buscando una vida mejor y a costa de dejar en Guatemala a su primer hijo, Àlex. "Lo tuve con mi exmarido. Me pegaba. Cuando llegué a Estados Unidos me atreví a dejar la relación", confiesa. Poco después, conoció a Gabriel, con quien rehizo su vida en Virginia y con quien tuvo Vanesa y Diego. "Fue Gabriel quien me dijo de traer a Álex aquí", dice. Reunieron los 6.000 dólares para pagar el coyote, y el niño, con siete años, cruzó la frontera. Corría el 2015 y hacía cuatro años que la mujer no veía ni abrazaba a su hijo.

Ahora, diez años después, la administración Trump vuelve a poner a María en una disyuntiva igual de dolorosa: autodeportarse con los dos pequeños a Guatemala y dejar solo a Álex, que tiene diecisiete años y estatus legal, o bien seguir en el país con el peligro de que cualquier día el ICE la detenga y la deporte. "El mayor me pide que por favor no salga mucho. Está muy preocupado, me dice: «Mamá, tengo miedo de volver un día a casa y que no estés. ¿Qué haré yo solo con mis hermanos?». Aunque quien lo lleva peor es la pequeña, no quiere crecer sin padre", explica.

María se rompe cuando vuelve a pensar en la idea de separarse de su hijo. "Pero quiero que tenga un futuro mejor, y en el pueblo de donde estamos nosotros, no lo tendrá". La mujer explica cómo ella y Gabriel decidieron regularizar antes la situación de Àlex que la suya. "Nos costaron unos 10.000 dólares todos los trámites, tuvimos que luchar mucho el caso", explica Maria. Los otros dos niños, Vanesa y Diego, como nacieron en Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses. Un derecho reconocido por la Constitución y que Trump quiere intentar revertir.

Más allá del miedo a ser detenido, María también está planteando autodeportarse porque ella sola no puede pagar las facturas y mantener a los niños. Trabaja limpiando casas, pero desde que muchos de los trabajadores federales han dejado de cobrar su sueldo con el cierre de gobierno, el trabajo se ha reducido. También sale menos de casa por miedo a ser detenida. No es la única madre de la comunidad que se ha quedado sola porque han detenido a su marido en un control de tráfico mientras volvía del trabajo. Está convencida de que detienen a los hombres para que el resto de la familia se autodeporten.

Recuerda que las primeras redadas del ICE en el barrio empezaron en marzo. "Entonces se llevaron un vecino y después a una chica, Roxana", explica Maria. Pero en los últimos meses, desde que Trump desplegó la Guardia Nacional, las redadas se han incrementado. Especialmente en los barrios con fuerte presencia latina del área metropolitana, lejos de los ojos del resto de personas que viven en la capital.

Detenciones por perfil racial

El miedo a ser detenido se esparce como una mancha de aceite en la comunidad latina y la inseguridad ya no es exclusiva de las personas sin papeles. Sofía –nombre ficticio– es ciudadana estadounidense y es quien fue a recoger la camioneta de Gabriel dos días después de que le detuvieran. Ha venido para llevarse a Diego para que Maria pueda hacer la entrevista con tranquilidad. Reconoce que hace tiempo que ella, a pesar de ser ciudadana, también teme que la pare inmigración y va con toda la documentación encima. No es la única persona latina que en los últimos meses ha expresado ese sentimiento. En septiembre, el Supremo autorizó que el ICE podía basarse en el perfil racial –el color de piel, rasgos físicos o incluso hablar español– para detener a personas. Es acorde con este criterio que Gabriel asegura que fue detenido en el control de tráfico en el que el ICE lo arrestó.

"Cuando me tuvieron parado, abrieron la puerta del coche, me arrastraron fuera y cuatro agentes me inmovilizaron contra el suelo. Una vez estaba contra el suelo fue cuando me pidieron la documentación. No antes", explica a ARA Gabriel en una videollamada desde Guatemala justo cuando se cumple un mes de su detención.

Entre el momento de su arresto y su deportación pasaron seis días. Durante este período, Gabriel fue transferido hasta tres veces en distintos centros de detención de inmigración: los dos primeros en Virginia, hasta llegar al destino final, Luisiana.

Las transferencias constantes no son casuales, de hecho, son una práctica legal que, tal y como explica en la ARA la abogada del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, de sus siglas en inglés), Samah Sisay, "crea una situación en la que es difícil para los abogados contactar con sus clientes". "Nosotros hemos interpuesto varias demandas contra el ICE por traslados en los que están actuando de forma represiva, es decir, utilizan el traslado para tomar represalias contra personas que están denunciando lo que viven en detención o personas que hacen huelgas de hambre o cosas por el estilo. Las trasladan lejos de sus abogados y de sus familias".

Los dos primeros días, explica Gabriel, le trasladaron de un sitio a otro en cuestión de horas. Primero le enviaron al centro de detención de inmigración de Chantilly, Virginia, donde pasó la noche del sábado. "Aquí es donde empieza el terror para mí, porque soy diabético tipo 2 y no había comido nada desde el mediodía. Y necesito comer para regularme el azúcar. Empecé a tener temblores. Supongo que entre el susto de la detención y que no había comido nada, me estaba bajando la tensión", explica Gabriel. Uno de los agentes contestó su petición y le dio un burrito. "Era diminuto y vete a saber cuánto tiempo llevaba allí, porque parecía descompuesto". "¿Y agua?". "No, agua no me dieron", contesta Gabriel.

Las quejas sobre alimentos caducados o en mal estado son recurrentes en todos los centros de detención de inmigración del país, con casos de personas que han salido enfermas por culpa de la comida. Gabriel también recuerda que tenían el aire acondicionado muy fuerte y ni siquiera le dieron una manta esa noche.

Después de Chantilly,el domingo Gabriel fue trasladado a Richmond, donde permaneció hasta el martes al mediodía. No fue hasta entonces, cuando ya habían pasado tres días de la detención, que le dieron ropa de repuesto y dejaron que se duchara. El miércoles al mediodía, llegaba al centro de detención de Alejandría, Luisiana, que, junto a otras ocho instalaciones del estado del sur, es conocido como el agujero negro. Tras Texas, Luisiana es el estado con más migrantes internados dentro de los centros de detención de inmigración.

"No me dieron nada por la fiebre"

"Allí estuve con fiebre. Pedí tres veces a los guardias que me dieran algún medicamento para controlarla, porque la notaba alta. Los guardias decían: «Sí, sí, ahora». Pero no me dieron nada. Si ven que puedes andar o que estás sentado, no te atienden. Sólo si estás muy grave", denuncia Gabriel, que explica como un hombre que tenía diabtes no fue atendido hasta que se desmayó. "También me puse enfermo del estómago porque llevaba días comiendo cosas que no estaban en muy buen estado", denuncia. El hombre explica que perdió 4,5 kg durante los seis días que permaneció en el sistema de detención.

En el área donde estuvo internado Gabriel había unas 150 personas y sólo tenían diez inodoros. El hombre explica que tenía la sensación de que el centro estaba masificado y rebasado. Impresión que corroboran tanto la abogada Samah Sisay como Frances, miembro del grupo Defensores de las Personas Inmigrantes en Detención de Luisiana. Ambas confirman que desde que Trump está en el poder, los centros están saturados.

"Los centros ya casi no podían atender adecuadamente a las personas que había antes. Y cuando llega más gente, simplemente hay apatía y nadie presta atención a las condiciones en las que se encuentra la gente", expone Sisay. Según un artículo del Migration Policy Institute, cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 había un total de 39.000 detenidos bajo custodia del ICE, cifra que se disparó hasta el récord de 61.000 a finales de agosto.