Una diseñadora pide permiso al Supremo para negarse a hacer webs para bodas gays

WashingtonLos nueve jueces que conforman el Tribunal Supremo de los Estados Unidos han protagonizado en los últimos seis meses una serie de polémicas decisiones de carácter ultraconservador, como la anulación del derecho federal al aborto, la ampliación del derecho a llevar armas, la limitación de la regulación ambiental o la aproximación entre Iglesia y estado. Esta semana han llegado a su mesa dos nuevos casos de alto nivel, que determinarán el futuro de las políticas contra la discriminación y de las elecciones federales en el país. 

Una multitud de activistas LGTBIQ y organizaciones conservadoras se manifestaron el lunes en las puertas de la máxima instancia judicial del país. Su mayoría conservadora (6-3) se disponía a escuchar los argumentos de las partes, en la primera vista judicial del caso 303 Creative LLC contra Elenis, que podría establecer un peligroso precedente al poner en disputa la libertad de expresión y los derechos de las parejas homosexuales. De hecho, cuando dicte sentencia en junio, "es probable que socave las leyes antidiscriminación presentes en muchos estados, que han protegido contra la segregación en el marco público durante más de cincuenta años", avanza al ARA Elizabeth Platt, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

El alto tribunal examina el recurso de Lorie Smith, una cristiana evangélica de 38 años, que tiene una empresa dedicada al diseño web y quiere empezar a ofrecer el servicio de webs nupciales. Ella defiende una visión excluyente del matrimonio: solo lo concibe para personas heterosexuales. Smith se niega a ofrecer sus servicios para bodas entre personas del mismo sexo, cosa que va en contra de las leyes antidiscriminación vigentes en su estado, Colorado. La diseñadora defiende que la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y religiosa, choca frontalmente con esta ley, y así lo defendió su abogada, Kristen Waggoner. Aun así, ninguna pareja homosexual le ha encargado todavía ningún diseño, lo cual convierte el caso en especulativo.

"Nadie tiene que ser forzado a expresar un mensaje que viole sus convicciones", alegó, afirmando que Smith "cree que el matrimonio homosexual es falso". De este modo, el argumento de peso es que si la diseñadora tiene que crear una página web nupcial para dos hombres que así lo soliciten, se estará vulnerando su derecho a la libre expresión, dado que estará enviando un "mensaje" contrario a sus creencias personales. 

Respuesta progresista

Las tres jueces progresistas, como la incisiva Sonia Sotomayor, le replicaron que la argumentación fallaba a la hora de poner "un límite" a la libertad de expresión. "¿Qué pasa con la gente que no cree en el matrimonio interracial o que no cree que las personas con discapacidad tengan que casarse? –preguntó–. ¿También se los discriminará?" Las progresistas alertaron durante la vista judicial de los riesgos que podría conllevar dictar sentencia favorable a Smith, dado que el precedente anularía las leyes contrarias a la discriminación presentes en la mayoría de estados del país.

"Esta interpretación de la libertad de expresión reduciría la capacidad de todas las comunidades minoritarias, no solo de las parejas homosexuales, a acceder a todo tipos de servicios en el mercado", explica Platt, que dirige el proyecto Ley, Derechos y Religión de la Universidad de Columbia. "Especialmente, podrían ser objeto de discriminación las minorías religiosas: una empresa podría afirmar que, como no comparte las creencias del cliente, no le venderá los productos para un bautismo o un Bar Mitzvah, o no venderá nada a un individuo que lleva hijab, una cruz o un kippah".

Si el alto tribunal decide tumbar la ley contra la discriminación de Colorado, "limitará la capacidad de acción de las legislaturas estatales y federales", añade Platt. Es decir, "cualquier intento de estas legislaturas de ampliar las protecciones podría volver al mismo Tribunal Supremo". De este modo, "la única opción factible de cambio sería la reforma de los tribunales federales", cosa también complicada por la falta de mayorías suficientes.

Moore contra Harper: ¿quién tiene el control de las leyes electorales?

Paralelamente, este miércoles llega un nuevo caso al Supremo, que tendrá que abordar el recurso presentado por los republicanos del Congreso de Carolina del Norte, que quieren ganar poder sobre las leyes electorales. Concretamente, los legisladores redimensionaron en 2020 los distritos electorales para la Cámara de Representantes, en un procedimiento habitual en los EE.UU. denominado gerrymandering. Aun así, el tribunal estatal tumbó el nuevo mapa, afirmando que violaba varias provisiones de la Constitución de Carolina del Norte, a favor de los intereses republicanos.

Ante esta decisión, los conservadores apelaron al alto tribunal, basándose en una interpretación de la Constitución federal que, según ellos, otorga a las legislaturas estatales "la autoridad exclusiva para regular elecciones federales". De este modo, en el llamado caso Moore contra Harper, los republicanos alegan que tienen legitimidad para manipular distritos electorales sin necesidad de ser controlados por los tribunales o los gobernadores. Una visión que, según varios juristas, atenta directamente contra el sistema de pesos y contrapesos, elemento fundacional de la democracia de los EE.UU.