Alemania, Francia e Italia instan a la UE a "sancionar" a los migrantes que incumplen sus "deberes"

BruselasHace menos de un año que la Unión Europea aprobó la reforma migratoria y una mayoría de Estados miembros ya ha pedido a la Comisión Europea endurecerla en distintos sentidos y en más de una ocasión. Después de presionar para que el blog comunitario externalice la gestión de asilo en países terceros, como ya hace Italia con Albania, hasta 17 socios europeos de un total de 27 han firmado una carta este martes en la que instan a Bruselas a endurecer las políticas de deportación de inmigrantes ya hacerlas más "eficientes".

Los estados miembros –entre los que constan Alemania, Francia o Italia– piden en la misiva conjunta, a la que ha tenido acceso el ARA, "un cambio de paradigma" en la política de deportaciones de inmigrantes y que se eche a todos aquellos que estén en la UE de forma irregular y, por tanto, no "tengan el derecho" a permanecer allí. Además, aseguran que "hay que establecer una nueva base legal que defina de forma clara las obligaciones y deberes" para el global de los recién llegados. En caso de que no los cumplan, la misiva que han impulsado Austria y Países Bajos apuesta por hacerles asumir las "consecuencias" de su "no-cooperación" y se les "sancione".

En este sentido, los 17 países en cuestión quieren que la Comisión Europea proponga una nueva legislación que "responda" a los "retos" y "refleje las necesidades" de los estados miembros y de la Unión Europea en materia de inmigración. También piden que se saquen adelante nuevas iniciativas y que, por ejemplo, se apueste por una mayor digitalización en la gestión de las deportaciones y que se simplifiquen sus procedimientos. Eso sí, la misiva señala que en todo momento "hay que respetar por completo los derechos fundamentales" de los inmigrantes.

La entrega de esta carta no quiere decir que la Comisión Europea tenga que dar continuidad a esta petición. De hecho, para que se aprobara una modificación de las políticas migratorias de este tipo habría que Bruselas presentara una propuesta formal, y que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo la negociaran y le dieran su visto bueno. En cualquier caso, los 17 estados miembros piden a la Comisión Europea que empiece a hablar con todos los actores implicados y ellos mismos se ofrecen para participar de forma "constructiva" en la preparación de una potencial reforma.

Uno de los motivos de estos estados miembros para pedir al ejecutivo comunitario más mano dura contra los inmigrantes, sobre todo los irregulares, se debe a un supuesto aumento de la entrada de recién llegados de forma ilegal. Sin embargo, según los datos de Frontex, en los primeros ocho meses de este 2024 hubo 140.000 intentos de entrar en la UE de forma irregular, mientras que durante el mismo período del año pasado esta cifra ascendió a 225.000 . Además, el número de inmigrantes deportados incrementaron un 22% en 2023 respecto al curso anterior, según un informe de Eurostat.

La UE endurece aún más el discurso antiinmigratorio

La misiva de estos 17 estados miembros llega en un contexto en el que la UE cada vez endurece más su discurso contra los inmigrantes y pocos días antes del Consejo de Interior que se celebrará este jueves. Será la primera reunión en la que los ministros comunitarios de esta cartera se encontrarán después de que Alemania impusiera controles en todas sus fronteras, aunque forma parte del espacio Schengen, y que los Países Bajos pidieran una cláusula de excepción en la aplicación de la normativa europea o, entre otros, que Hungría amenazara Bruselas enviar buses de inmigrantes.

También se prevé que el reto migratorio sea uno de los temas principales del encuentro de líderes europeos que se celebrará la próxima semana en Bruselas. La gran mayoría de jefes de estado y de gobierno de la UE, tanto de izquierdas como de derechas, coinciden desde hace días en endurecer las políticas migratorias de la UE y la gran mayoría han adoptado un discurso que hasta hace poco casi sólo entonaban dirigentes de extrema derecha, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.