El Parlamento Europeo aprueba la reforma que permite pagar por no recibir inmigrantes

BruselasLa inmigración es uno de los retos más divisivos de la Unión Europea, que ve cómo la extrema derecha avanza a pasos de gigante a dos meses de las elecciones europeas. Aunque el Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles la polémica reforma de la política migratoria y de asilo, que pretende endurecer los controles en las fronteras y el regreso de los recién llegados, la disparidad de opiniones ha marcado la votación, incluso entre eurodiputados de la propia familia política y nacionalidad.

De hecho, la discusión ha vuelto a ser encendida pese a que los estados miembros y la Eurocámara acordaron el texto legal el pasado diciembre, y que la votación de este miércoles sólo debía ratificarlo. Un grupo de manifestantes ha irrumpido en la cámara parlamentaria de Bruselas gritando "Este pacto mata, vote no", y han tirado aviones de papel por encima de los diputados, algunos de los cuales los han silbado y mientras que otros se han pitado puesto de pie y los han aplaudido ruidosamente.

Hay que recordar, además, que la Comisión Europea puso la reforma sobre la mesa hace más de dos años y medio, y que los Veintisiete y la Eurocámara han estado meses y meses en negociaciones. Por último, ya toda prisa, el Parlamento Europeo lo ha tramitado en el penúltimo pleno de esta legislatura y pocas semanas antes de la disolución de la cámara. Ahora sólo falta que también la ratifique el Consejo de la UE.

Más control y retornos

La normativa quiere impulsar la creación de un nuevo registro y control de los inmigrantes que llegan a las fronteras de la UE para devolver de forma más "eficiente" y "deprisa" todos los que se prevé desde el principio que no podrán regularizar su situación administrativa. Se pretende acelerar los trámites de solicitud de entrada y tener bien controlados a los inmigrantes desde que llegan hasta que se soluciona el expediente, sea con la aceptación o el retorno.

Por otra parte, se abre la puerta a hacer excepciones en situaciones de crisis como la que se ha vivido en la guerra de Siria o la invasión rusa en Ucrania. Por ejemplo, se podrán alargar los plazos de las tramitaciones de demanda de asilo, se podrán derogar o flexibilizar de forma puntual algunas normas comunitarias sobre migración y se podrán llevar a cabo iniciativas de solidaridad adicionales. Los Estados miembros son los que tienen la competencia para declarar esta situación de excepcionalidad.

Pagar por no acoger

La ley descarta un reparto obligatorio de inmigrantes, tal y como querían los principales países receptores, como España o Italia, y opta por un reparto de inmigrantes voluntario ya la carta. Es decir, los países que no quieran aceptarlos podrán elegir si pagar unos 20.000 euros por persona que han rechazado acoger o aportar algún tipo de ayuda a los países que reciben mayor presión migratoria.

Además, la Unión Europea sólo prevé redistribuir de forma proporcional entre los distintos estados miembros 30.000 personas al año entre los Veintisiete, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que el pasado año llegaron 274.404 recién llegados de forma irregular en la UE, según la propia Comisión Europea.

Acuerdos con terceros países

El reglamento también pretende potenciar los acuerdos de la Comisión Europea con terceros países para que detengan las oleadas migratorias. Ahora bien, el hecho de involucrar a países de fuera del bloque europeo en la gestión de la inmigración también supone un peligro para la UE. Estos socios externos, en gran parte gobernados por regímenes autoritarios y que no respetan los derechos humanos de los migrantes, a menudo utilizan las oleadas de inmigrantes y amenazan con dejarles pasar hacia el Viejo Continente a cambio de favores económicos o políticos, como se ha visto con Libia o Túnez.

Incertidumbre hasta última hora

El Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas y los liberales temían, pocas horas antes de la votación, que la normativa no saliera adelante, y han trabajado hasta el último momento para convencer a los diputados contrarios –también a los de su mismo color político– para que votaran a favor. En este sentido, los líderes de la familia conservadora europarlamentaria han salido a defender la necesidad de aprobar una reforma migratoria y han instado a los europarlamentarios a no echar por la borda todo el trabajo realizado. Los socialdemócratas y liberales, aunque con menor entusiasmo, también la reivindican. "La ley no es perfecta, pero al menos tenemos algo", ha reconocido en rueda de prensa el eurodiputado socialista Matjaz Nemec.

Más allá de las tres grandes familias políticas de la Eurocámara, el resto de formaciones encuentran la normativa demasiado dura o demasiado blanda. Por un lado, una parte importante de la extrema derecha considera que la ley es demasiado flexible con la entrada de inmigrantes y piden más mano dura. Se han opuesto al partido Ley y Justicia, que hasta hace pocos meses gobernaba en Polonia, o Vox.

En cambio, la formación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la ha apoyado. De hecho, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que el crecimiento de la extrema derecha en toda la Unión Europea ha influido en el texto legal, y la Comisión Europea y el conjunto de la Unión Europea se han escorado hacia posiciones conservadoras y ultraderechistas en materia de inmigración.

En cambio, por el otro lado, los ecologistas y la izquierda critican que la reforma endurezca las condiciones de entrada y potencie el rápido retorno de recién llegados que se encuentran en las fronteras comunitarias. En la misma línea, diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, han presionado para que la Eurocámara tumbara la iniciativa. "Hace proliferar la vulneración de derechos humanos en Europa", alerta un comunicado conjunto de más de 160 entidades.