La justicia europea avala los exámenes de integración cívica en los refugiados

BruselasLos exámenes de integración cívica que realizan los Países Bajos en los refugiados son legales. Así lo ha sentenciado este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "El derecho de la Unión Europea no se opone a que, en determinadas condiciones, los beneficiarios de protección internacional deban aprobar un examen de integración cívica", concluye la corte de Luxemburgo sobre una cuestión que le planteó la justicia neerlandesa.

Además, el tribunal de máxima instancia de la UE ha dirimido que es legal sancionar a las personas beneficiarias de asilo dentro del bloque comunitario. "En caso de suspender los exámenes, puede imponerse una multa", apunta el TJUE. En este sentido, la magistratura europea ve crucial "la adquisición de conocimientos", sobre todo los lingüísticos, para la integración de los refugiados en los estados miembros de la UE a donde llegan y reciben protección.

Eso sí, la corte europea asegura que "solo se puede imponer una multa en casos excepcionales" y cuando el refugiado "presenta una carencia acreditada y persistente de voluntad de integración". También insta a las autoridades estatales a evaluar cada caso según las particularidades de cada refugiado, ya tener especialmente en cuenta su edad, situación económica y nivel educativo.

De hecho, el TJUE considera en el caso concreto de los Países Bajos que las sanciones son "excesivas", y pide que como sanción no se cobre el coste íntegro de los cursos de integración cívica y los respectivos exámenes al refugiado. De esta forma, califica de "manifiestamente desproporcionada" la multa prevista neerlandesa: critica que se aplique sistemáticamente y no sólo una sola vez, y que cada vez que se impone para suspender un examen pueda alcanzar los 1.250 euros.

El caso prejudicial que la justicia neerlandesa ha elevado en Luxemburgo se trata de un joven de origen eritreo que llegó a Países Bajos con 17 años y, cuando cumplió 18, no se presentó a los exámenes de integración cívica en cuestión. De esta forma, las autoridades estatales le impusieron una multa de 500 euros y le ordenaron que devolviera el préstamo de 10.000 euros que le había concedido el propio país para financiar los cursos de integración cívica.

Hay que recordar que los Países Bajos es uno de los estados miembros que más han endurecido las políticas migratorias y de asilo, y que la Unión Europea lleva tiempo estudiando cómo restringir la entrada de recién llegados sin incumplir la normativa comunitaria. Por ejemplo, entre otras medidas que presentan dudas legales, Bruselas se plantea la externalización de la gestión migratoria y deportar a inmigrantes a centros que se encuentran en países de fuera del bloque europeo.