Meloni aprueba una 'ley mordaza' para limitar las protestas pacíficas
La nueva normativa, aprobada en una sesión tensa en el Senado, castiga acciones de protesta como el bloqueo de carreteras y vías de tren
RomaEl Senado italiano ha aprobado este miércoles una polémica ley de seguridad ciudadana que introduce nuevos delitos, sanciones y agravantes de pena por castigar severamente acciones de desobediencia civil o resistencia pacíficaEl hecho, impulsado por el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha recibido la luz verde de la cámara alta con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, en una tensa sesión. de un grupo de senadores de la oposición, sentados en el suelo delante de los escaños del gobierno con las manos arriba y gritando "Vergüenza, vergüenza!". calificado de "una auténtica vergüenza que revela la idea de que tiene la derecha de la seguridad y de la disidencia en el país"
El decreto ha llegado al Senado después de haber superado una moción de confianza en la Cámara de los Diputados, una práctica frecuentemente utilizada por el ejecutivo de Meloni para la aceleración de la tramitación de la ley. estrategia "preocupante" que ha sido denunciada por el presidente de la principal asociación de magistrados italiana. ley mordaza española, introduce nuevos delitos y reprime muchas formas de protesta, y tipifica como punibles acciones el bloqueo de carreteras o vías férreas. Según los detractores, esta medida busca poner fin a las protestas contra la construcción de la línea de tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, así como a las manifestaciones contrarias al proyecto del puente de Messina, que conectará la península italiana con Sicilia. También endurece las penas por ensuciar o estropear monumentos, con la intención de criminalizar las acciones de los grupos ecologistas de protesta climática.
Con la aprobación definitiva del texto, Italia crea un nuevo delito de lesiones a agentes de policía en servicio para ofrecer mayor protección a policías y militares, a los que se destinarán fondos específicos para cubrir gastos legales si son investigados o imputados por su actuación.
La nueva ley también establece penas de prisión por acciones de resistencia pasiva por parte de presos o de migrantes retenidos en centros, incluye condenas más severas contra la ocupación ilegal de viviendas —que podrá ser castigada con hasta siete años de cárcel— e introduce nuevos tipos de delito de terrorismo.
Una de las partes más polémicas es la posibilidad de que mujeres embarazadas o con hijos menores de un año puedan ser encarceladas con el menor, en lugar de suspender la pena hasta que el niño alcance la edad mínima, como ocurre actualmente. Esta medida, yimpulsada por la Liga de Matteo Salvini —socio de gobierno—, se presenta como una norma contra las carteristas extranjeras que operan en el metro de las principales ciudades.
"Amenaza para la democracia"
"Las mujeres que tienen hijos por robar no son dignas de tenerlos", ha dicho el senador Gianni Berrino, de Hermanos de Italia, durante el debate parlamentario, que ha provocado la indignación de la oposición. "No creo que haya que añadir nada más a lo que hemos escuchado. Éste es el significado de la idea aberrante de que el partido de Giorgia Meloni, mujer, madre, cristiana, tiene de la seguridad", ha denunciado el senador del Partido Democrático, Francesco Boccia.
Según la oposición, la nueva legislación no sólo restringe el derecho a manifestarse pacíficamente, sino que demuestra el talante autoritario del gobierno. "Lo que el gobierno llama seguridad es en realidad represión: catorce nuevos delitos y nueve agravantes; más que una reforma, es una amenaza para la democracia", ha advertido el socialdemócrata Alessandro Zan. "Confunden democracia con obediencia, pero no vamos a quedarnos callados", ha añadido.
El comisario por los derechos humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha advertido en una carta dirigida al presidente del Senado, Ignazio La Russa, que el texto podría ampliar excesivamente la capacidad del estado para intervenir en reuniones públicas como protestas o manifestaciones. Una crítica que también ha compartido el presidente de la República, Sergio Mattarella, que obligó a modificar partes del texto original para garantizar su constitucionalidad antes de que llegara al Senado.
