Las feministas de Nicaragua gritan desde los calabozos: “Necesitamos que el mundo nos escuche”

En una celda oscura de Nicaragua, en medio de Centroamérica, está sentada Tamara Dávila. Las cucarachas y las ratas le pasan por encima de los pies, pero no las puede ver porque no le permiten tener luz. No recuerda cuándo comió por última vez y no sabe qué día es hoy. Esta semana se cumplen siete meses desde que el régimen de Daniel Ortega paró su vida por levarle la contraria.

La última imagen que tenemos de Tamara es la de una mujer robusta, de pelo corto y piel clara, que no dudó en levantar la voz por lo que cree justo. La de una líder feminista de 40 años que ha dedicado al menos la mitad de su vida a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y que hoy está encerrada en un calabozo aislado de cualquier contacto humano. Aún así, su fuerza no se ha extinguido.

Tamara es una de las 160 persones opositoras al régimen nicaragüense encarceladas por motivos políticos, según los datos más recientes del Observatorio por el Reconocimiento de Presos Políticos en ese país. Al menos 14 de ellas son mujeres y la mitad son militantes del movimiento feminista.

Daniel Ortega, el ex revolucionario del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, custodian una extensa lista de enemigos desde el año 2018, cuando en Nicaragua estallaron las protestas contra su gobierno. Los Ortega Murillo, eso sí, no negocian con sus enemigos. Desde entonces todas las denuncias en contra de las atrocidades contra los derechos humanos que cometen han sido respondidas con tres opciones: muerte, exilio o prisión. Tamara decidió desafiarlos.

En 2018, durante las protestas contra el régimen, la policía, el ejército y los grupos paramilitares armados por Ortega asesinaron a al menos 210 opositores, según indican los datos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También desde ese mismo año, la Agencia de la ONU por los Refugiados (ACNUR) registró que 100.000 nicaragüenses salieron forzosamente del país por la crisis sociopolítica.

No es una migración común. Está cargada de amenazas de muerte y violaciones por parte de los defensores del régimen. La situación en Nicaragua ha obligado a activistas, políticos y periodistas a abandonar su tierra para salvar la vida o la integridad. Un miedo que la escritora de este texto vivió en la propia piel. Aun así, quedarse tampoco es fácil. Los opositores tienen que vivir escondidos y con el temor de ser descubiertos y ser capturados.

Ahora mismo, Tamara, que decidió no marcharse del país para luchar contra el régimen de Ortega desde dentro, está en una celda situada en el interior de la prisión de tortura El Chipote. Sin luz, sin comida y sin ningún contacto con el mundo exterior. Ser nicaragüense es un deporte extremo.

Ortega aplasta a la disidencia

Desde el año 2018 los nicaragüenses viven con miedo y, aun así, tenían la esperanza de cambiar el rumbo de su país a raíz de las elecciones del año pasado. Múltiples movimientos civiles empezaron a organizarse desde hace tres años para encontrar una fórmula presidencial que derrotara a Ortega. Tamara, por ejemplo, pertenecía a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), un conjunto de grupos sociales y políticos de la izquierda y derecha nicaragüense.

La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como respuesta, impulsó una serie de leyes irregulares para poder controlar, arrestar y expulsar del país a cualquier opositor que atente contra su gobierno.

Las leyes fueron aprobadas entre 2020 y 2021 por la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo de Nicaragua controlado por 72 diputados oficialistas de un conjunto de 79. Esta táctica se centró en tener recursos legales para poder silenciar a los opositores más conocidos de su administración durante el contexto de las elecciones.

Ortega aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Soberanía y Autodeterminación por la Paz, que impone hasta 20 años de prisión a todas aquellas personas que “fomenten actos terroristas” y “exalten o aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. Además, imposibilita que los opositores condenados postulen a cargos públicos como la presidencia.

También impulsó la Ley de Regulación a Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones que reciban “fondos extranjeros” a informar al gobierno sobre los movimientos financieros. En caso de no aprobar el uso de estos fondos, no solo no podrán participar en actividades políticas, sino que el gobierno podrá confiscarles todos los bienes de las organizaciones y condenar a sus jefaturas a hasta 5 años de prisión.

La última del paquete es la Ley Especial de Ciberdelitos, que condena a hasta 10 años de prisión a toda persona que difunda “noticias falsas” contra el Estado nicaragüense, calificadas así a criterio de las autoridades gubernamentales, en medios de comunicación o redes sociales.

La policía sandinista consiguió detener no solo a Tamara Dávila, sino a otras mujeres relevantes en el país como la política e hija de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, que actualmente está en prisión domiciliaria. Entre otras presas políticas torturadas actualmente por el estado nicaragüense están las opositoras políticas Suyen Barahona, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil y María Fernanda Flores. También las activistas Julia Christina Hernández, Karla Escobar, María Sánchez, Samantha Padilla, Nidia Barbosa, Evelyn Pinto y la exguerrillera de la revolución sandinista Dora María Tellez.

Con los opositores encarcelados, muertos o en el exilio, Ortega consiguió orquestar un parapeto electoral con “opositores zancudos” -así denominan en Nicaragua a los políticos afines al gobierno que, en acuerdo con el sandinismo, simulan ser de la oposición para fingir democracia ante los mecanismos internacionales- que le regalaron su quinta reelección.

Mientras tanto, en las celdas de la prisión, ningún encarcelado ha podido hablar con sus familiares o representantes legales más de una hora. En los breves minutos que la policía sandinista permitió encuentros, las presas y presos han denunciado que fueron torturados constantemente con golpes, racionamiento de alimentos y sesiones de interrogatorios de más de 12 horas.

Los castigos son todavía más duros para las mujeres presas. La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) expuso en abril de 2021 que al menos 5 de cada 10 presas políticas en Nicaragua sufren amenazas y abusos sexuales durante su estancia en las prisiones del país.

Resistir para sobrevivir

Una foto de Tamara Dávila recorrió el mundo en octubre de 2018. La muestra gritando en el suelo, con una mano sosteniendo la bandera de Nicaragua y con la otra un pañuelo morado feminista. Por un lado la arrastra un policía armado y por el otro, su hermana, Ana Lucía Álvarez, que se agarra a ella para que no la detengan.

Ese día las dos fueron arrestadas durante 25 horas con 34 personas más, la mayoría mujeres. Las llamaban las “pico rojo” o “labios rojos”, puesto que mientras eran trasladadas a la prisión, una compañera feminista y antigua guerrillera sandinista de 69 años, Marlen Chow, se pintó los labios de rojo en forma de protesta y animó a Tamara y al resto de mujeres a hacer lo mismo.

Resistir es una palabra que ha estado en el sistema de las activistas feministas nicaragüenses desde que existe el movimiento, hace más de 100 años. Estas mismas mujeres son las que daban la cara en las protestas contra la prohibición del aborto terapéutico en 2006 y las que en este momento están presas, exiliadas o en la clandestinidad.

“Las mujeres hemos sido acosadas desde mucho antes de 2018”, asegura la portavoz del Movimiento de Mujeres (MAM), Violeta Delgado. “Ortega y Rosario intentan apagar nuestras voces desde hace más de 10 años, porque nunca nos hemos doblado ni negociado por sus intereses”, añade la activista feminista.

Delgado explica que cuando el gobierno sandinista ganó otra vez el poder, en 2007, la administración de Ortega intentó replicar en el oficialismo a todos los movimientos sociales que ya existían en Nicaragua, incluyendo a los grupos de mujeres organizadas. A pesar de que, un año antes, la bancada sandinista en la Asamblea Nacional había promovido la prohibición de cualquier forma de aborto.

Desde su llegada al poder en 2007 los sandinistas empezaron una campaña de acoso hacia los movimientos independientes de feministas, especialmente aquellos que apoyaban a la hijastra del mandatario, Zoilamérica Ortega Murillo, cuando lo denunció por violación en 1998.

“Llegó un punto en 2008 en el que simplemente las feministas no podíamos poner un pie en las instituciones públicas. Comportó serias dificultades para hacer nuestro trabajo, crear incidencia o cambiar políticas públicas machistas”, narra la portavoz.

Ese ensañamiento que experimentaron entonces lo siguen viviendo con más violencia actualmente. Y, aún así, las mujeres siguen gritando y no se rinden.

Desde el calabozo

Tamara Dávila es una de las líderes feministas que mayor incidencia ha tenido en las últimas décadas. “Empezó su lucha social en el feminismo, porque (las mujeres) somos uno de los cuerpos más abusados por el estado nicaragüense”, dice la también feminista y hermana de la líder, Ana Lucía Álvarez.

Ella es la única presa política que está en una celda de aislamiento sin contacto con ninguna otra persona más que los policías que se dedican a torturarla físicamente y emocionalmente. “La quieren romper en espíritu, porque saben que las mujeres como ella no se rompen fácilmente”, dice Álvarez.

Según su hermana, los policías le dicen que es mala madre por salir a las calles a reclamar justicia y que, si no fuera por ella, su hija de 5 años podría estar a su lado. La última vez que la activista vio a su hija fue en junio de 2021, mientras más de 60 policías invadían su casa para secuestrarla. La orden había sido dada por la administración de Daniel Ortega y especificaba que entraran en el domicilio mientras la niña estuviera presente.

Los guardias solo aceptan botellas de agua para su consumo, puesto que la comida sólida es un privilegio que, según ellos, Tamara no tiene. Además, borran lo que sus familiares escriben en las botellas, puesto que no permiten que la opositora vea ningún tipo de resistencia o esperanza del exterior.

“Que ya lleve siete meses presa y que en este tiempo haya tenido menos de una hora de comunicación es un método de tortura. Quieren destruir su estado mental y el nuestro”, afirma Álvarez.

Para la feminista Violeta Delgado, las mujeres privadas de libertad en Nicaragua viven en condiciones todavía más precarias que en tiempos de guerra. El MAM ha conseguido documentar agresiones físicas, psicológicas y sexuales que viven constantemente las secuestradas a manos de la dictadura. “Ya ni las tratan como criminales, las tratan como si no fueran humanas”, sentencia.

Después del arresto de Tamara, a al menos a tres miembros de su familia les han prohibido salir del país. El caso más grave fue el de su abuela, que necesitaba salir de Nicaragua para hacerse pruebas y el gobierno le prohibió el viaje. Dos meses después, descubrió que tenía un cáncer avanzado y que se lo habrían podido detectar mucho antes.

“Todo esto es producto de la violencia de estado. ¿Cómo es posible que a alguien se le prohíba salir del país solo por ser la abuela de una presa política? Nos quieren agotar, para agotarlas a ellas”, lamenta la joven. Mientras tanto, Tamara y sus otras 13 compañeras presas siguen esperando que acaben sus juicios. La mayoría son por “traidoras de la patria”, según el concepto que le dio Ortega.

Sin luz al final del túnel

El 14 de diciembre, durante la última cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Daniel Ortega habló sobre los presos políticos que tienen en el país, asegurando que no tienen planes para liberarlos y que “no le importa” lo que digan los mecanismos de derechos humanos internacionales.

Para Delgado, a pesar de que Ortega diga que no tiene interés por el clamor internacional de justicia, hay que seguir mencionando el nombre de Tamara y el resto de personas privadas de libertad injustamente en el país. “Es urgente que se actúe a favor de la vida de las mujeres presas. Que nos sumemos a un llamamiento mundial porque lo que estamos viviendo en Nicaragua no tiene comparación, no hay otro país que torture de este modo a tantas personas solo por pensar diferente. Necesitamos que el mundo nos escuche”, finaliza la activista.