La justicia deniega a Trump mantener en secreto documentos sobre el asalto al Capitolio
El gobierno de los EE.UU. pide 51 meses de prisión para el chamán de QAnon, una de las figuras más visibles del intento de insurrección
WashingtonNo parece que haya nada que pueda parar la investigación del Congreso sobre la insurrección violenta en el Capitolio del 6 de enero, mal que le pese a Donald Trump. Una juez federal ha rechazado la petición del expresidente de mantener en secreto centenares de documentos, notas y comunicaciones de la Casa Blanca referentes a aquel día, que Trump quería evitar que se entregaran a los investigadores alegando que tenían que continuar siendo confidenciales por el "privilegio ejecutivo" que todavía dice que tiene, a pesar de que ya no es presidente.
Una de las piezas primordiales para sacar el entramado del asalto al Capitolio es precisamente conocer la responsabilidad de la Casa Blanca durante los hechos, saber qué pasaba dentro de un Despacho Oval que respondió tarde a la violencia contra los congresistas. Trump hace tiempo que insiste en que a pesar de no gobernar todavía disfruta del poder de decidir qué documentos de su administración se hacen públicos o no, un privilegio que la juez federal encargada del caso, Tanya S. Chutkan, no ve del mismo modo.
"Los presidentes no son reyes, y el demandante no es el presidente", ha resuelto la magistrada, que ha reiterado que la solicitud de información de la comisión del Congreso tiene un "interés público superior" y que Trump no puede basarse "en la noción de que su poder ejecutivo existe a perpetuidad". El actual presidente, Joe Biden, quien sí que podría justificar el poder ejecutivo para mantener en secreto documentos y comunicaciones, hace tiempo que dice que está de acuerdo con la entrega y publicación de los documentos, que ahora están en manos de los responsables de los Archivos Nacionales.
"No se puede permitir que nadie se interponga en el camino de la verdad, sobre todo el presidente anterior, que instigó y alentó la insurrección", se ha felicitado la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
La decisión judicial es un triunfo importantísimo para los congresistas que integran la comisión especial que investiga los hechos. Aun así, todavía es posible que tarden tiempo en recibir los documentos, porque Trump ha presentado una apelación casi de manera inmediata. Es probable que el caso acabe en el Tribunal Supremo.
La investigación no se para
En paralelo, la comisión no levanta el pie del acelerador ni la presión al círculo más próximo a Trump. Esta semana ha citado a más de una quincena de exasesores y fieles aliados del expresidente, incluidos sus últimos portavoces, jefes de campaña e ideólogos de cabecera.
El plan es doble. Primero, dejar claro que no se quedarán únicamente en los hechos del 6 de enero e indagarán sobre qué llevó hasta el estallido violento, desde la organización de la manifestación hasta la campaña de desinformación y el atizar las masas para provocar la revuelta. Segundo, y en un ámbito más estratégico, la oleada de demandas quiere servir como red de pesca de arrastre: cuantos más personajes estén bajo la mirada inquisidora, más opciones hay de que alguien rompa la fidelidad con Trump y confiese todo lo que pasó y la implicación de todos y cada uno de los protagonistas.
Lo que tampoco se para es la tarea de la justicia contra los centenares de detenidos y acusados por el asalto. Una de las figuras más conocidas que espera sentencia es Jacob Chansley, más conocido como Jake Angeli o el chamán de QAnon, el personaje con cuernos y torso desnudo que protagonizó múltiples portadas. El gobierno de los EE.UU. ha pedido para él 51 meses de prisión como condena por el delito de obstrucción de procedimientos del Congreso del cual se declaró culpable a principios de septiembre, una petición justificada para que sirva de ejemplo para quien quiera convertirse en abanderado de un futuro intento de insurrección.
