El gobierno australiano, forzado a mover ficha presionado por las acusaciones de antisemitismo

SydneyCuando aún no se han esclarecido las causas que llevaron a Sijeed y Naveed Akram a disparar contra la multitud que celebraba en Sydney la Hanukká y asesinar a quince personas, la presión política hacia Anthony Albanese se ha vuelto asfixiando. En medio de una tormenta mediática y política por parte de rivales políticos y organizaciones pro-Israel, el primer ministro ha anunciado nuevas medidas para reducir el número de armas, así como el visto bueno a un controvertido plan para combatir el antisemitismo.

Albanese ha anunciado que su gobierno prevé reducir el mercado de armamento, limitar el número de armas por persona e impulsar un programa de recompra a los propietarios de armas de fuego, que según los últimos datos, estarían en torno a cuatro millones de unidades en todo el país. Asimismo, el ejecutivo laborista respondió a un controvertido informe de Jillian Segal, enviada especial contra el antisemitismo –un cargo consultivo nombrado por el gobierno–, en un intento de apaciguar las críticas dentro de la comunidad judía. "Seguiremos trabajando por la implantación de las 13 recomendaciones", aseguró el primer ministro.

Albanese admitió el miércoles que "habría podido hacerse más" para evitar el ataque y que ahora el gobierno acepta las recomendaciones hechas por Segal. Desde la publicación de su informe, hace seis meses, ha recibido críticas de abogados y juristas por falta de evidencias –en veinte páginas no hay ninguna cita–, por tener un sesgo pro-Israel y porque aseguran que se excede de sus funciones en el cargo.

Entre las propuestas más controvertidas, Segal sugiere que el gobierno australiano adopte la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que incluye como antisemitismo comparar a Israel con el Tercer Reich o afirmar que el Estado de Israel es racista. "Es muy peligroso", aseguró la abogada por los derechos humanos y directora del Jewish Council, Sarah Schwartz, en un podcast local. "Equivale a igualar la identidad judía con el apoyo a Israel", alertó.

Otro de los puntos del informe considera que existe un "antisemisitmo normalizado en muchos cursos universitarios". Por eso, propone que se elaboren informes sobre cada universidad, y que académicos, instituciones, estudiantes e invitados puedan perder la financiación o tener repercusiones judiciales si se considera que sus actividades son antisemitas. Además, establece que Segal, a través de su oficina, monitorice la acción de los medios públicos y del sector artístico.

Restringir el derecho de manifestación

Por su parte, Chris Minns, premier laborista de Nueva Gales del Sur, ha convocado al Parlamento estatal la próxima semana para sacar adelante leyes más restrictivas del derecho de manifestación. En referencia a las protestas en contra del genocidio en Gaza, Minns ha argumentado que "desencadenan cosas en la comunidad que los organizadores no pueden contener".

Este clima de tensión se ha visto atizado por parte de figuras del Partido Liberal australiano, como el ex primer ministro John Howard, que ha calificado la reforma de la ley de armamento de distracción; el extesorero Josh Frydenberg, que atacó a Albanesa asegurando que "ha dejado que Australia se radicalizara bajo su nariz", o la actual líder conservadora, Sussan Ley, bajo presión del ala más derechista del partido, ya que la cuestión de las armas divide la formación.

"Pedimos al primer ministro que rechace las voces que buscan servirse de la respuesta para dividirnos e impulsar agendas antiinmigración y pro-Israel", ha dicho en un comunicado Sarah Schwartz.

Acusaciones de antisemitismo

"Lo que estamos viendo es que algunos grupos y líderes están tristemente capitalizando esta tragedia por promover sus agendas políticas", lamenta Noura Mansour, directora nacional de Democracy in Colour, una organización con sede en Melbourne que promueve la equidad y el antiracismo.

Esta retórica se ha amplificado en los medios de Rupert Murdoch, como Sky News y sus diarios –con editoriales señalando como responsables del antisemitismo a activistas y influencers por su abogacía con Palestina–, pero no son los únicos. El periodista Philip Coorey, en el Australian Financial Review, ha acusado al primer ministro de falta de "claridad moral" tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 porque, a su juicio, estaba preocupado por las circunscripciones con más votantes de religión musulmana.

Noura Mansour, palestina y licenciada por la Universidad de Haifa, critica que Australia no tenga un marco de actuación contra el racismo. De hecho, Giridharan Sivaraman, comisario nacional contra la discriminación racial, reclama desde hace un año que el gobierno aplique el marco antirracista nacional, que incluye 63 recomendaciones, como la protección online, ya que avisa de que han crecido los comentarios antisemitas en las redes.