Estados Unidos

Primera demanda contra Trump por su papel en el asalto al Capitolio

Guerra abierta en el Partido Republicano entre afines y detractores del ex-presidente

Donald Trump durante su discurso ante la manifestación de seguidores reunir en Washington el 6 de enero.
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Tras culpar de palabra a Donald Trump de ser responsable “en términos prácticos y morales” del asalto al Capitolio del 6 enero, pero votar para exculparlo escudándose en una teórica falta de competencias del Senado, el republicano Mitch McConnell advertía el sábado que Trump “todavía no se ha salido con la suya”. El líder conservador en la cámara alta apuntó a la vía judicial. “Tenemos pleitos civiles y los antiguos presidentes no son inmunes”, dijo. Solo tres días después, un congresista demócrata ha dado el primer paso.

Trump recibió ayer en un tribunal federal de Washington la primera de posiblemente varias demandas destinadas a responsabilizarle por su papel en la fallida insurrección de enero. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles del país, presentó una demanda en nombre del demócrata Bennie Thompson, a la que está previsto que se sumen otros congresistas en próximos días.

En ella se acusa a Donald Trump, a su abogado personal Rudy Giuliani y a dos grupos racistas de extrema derecha, a los Proud Boys y a la milicia de los Oath Keepers, de conspirar para incitar los disturbios en el Capitolio con el objetivo de prevenir que el Congreso certificara el resultado electoral y, por lo tanto, la derrota de Trump frente a Joe Biden. Aseguran que los acusados actuaron de forma coordinada.

Imagen de archivo del congresista demócrata Bennie Thompson, que ha presentado una demanda civil contra Donald Trump.

En el texto se argumenta que los cuatro acusados violaron la Ley Ku Klux Klan. Aprobada en 1871, su propósito original era proteger los derechos civiles de millones de esclavos afroamericanos liberados tras la Guerra de Secesión. De hecho, en la demanda se cita en varias ocasiones que tanto Trump como Rudy Giuliani trataron durante semanas de anular los votos de ciudades de mayoría afroamericana. Por ejemplo en Detroit, donde el 78% de la población es negra, ciudad en la que seguidores del presidente intentaron interrumpir el recuento de votos.

La demanda invoca igualmente una de las secciones de esta ley, que considera ilegal “conspirar para prevenir, por la fuerza, la intimidación o la amenaza” que un cargo público cumpla con sus obligaciones. En este caso, la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte de los congresistas.

Aunque se ha protegido históricamente a los presidentes de las demandas contra acciones que llevaron a cabo mientras estaban en el cargo, la presentada ayer señala a Trump a título personal, no como mandatario. Se alega que el comportamiento por el que se le denuncia no guarda relación con sus responsabilidades como presidente.

Guerra civil republicana

En una entrevista en el Wall Street Journal, el mismo Mitch McConnell que insinuó problemas legales para Donald Trump, asegura que no descarta que el ex-presidente sea “una parte constructiva del proceso” durante la campaña para las elecciones de medio mandato que se celebrarán el otoño de 2022, en las que McConnell aspira a recuperar el control del Senado. El líder de la minoría republicana en esta cámara aclaró que su única preocupación es la “elegibilidad” de los candidatos, no tanto su proximidad o no con Trump, con quien el senador no ha hablado desde mediados de diciembre.

Los equilibrismos de McConnell son una muestra más de la guerra del Partido Republicano entre los fieles al ex-presidente y quienes tratan de dejar a Trump en el pasado. Por ahora, las delegaciones del Partido Republicano en los diferentes estados del país están con las bases. Es decir, abrumadoramente del lado de Donald Trump. El senador Richard Burr, uno de los siete republicanos en votar contra el ex-mandatario, fue el último de ellos en ser formalmente censurado por su partido, al igual que lo habían sido previamente la mayoría de congresistas que defendieron el impeachment. Algunos incluso han sufrido la censura de sus familiares. Por ejemplo Adam Kinzinger, que recibió una carta firmada por once de ellos en la que le acusan de conspirar con “el ejército del diablo”.

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