Internacional 14/07/2021

Trece leyes para acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE

Bruselas presenta un macropaquete legislativo para abordar la transición verde desde la aviación hasta la calefacción de casa

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La presidenta de la Comisión  Europea, Ursula Von der Leyen, y el comisario de Economía , Paolo Gentiloni

BruselasEl compromiso está por escrito y es vinculante. La Unión Europea tiene que reducir las emisiones de CO₂ "al menos un 55%" en 2030 respecto a los niveles de 1990". Y todavía más: Europa se ha propuesto ser el primer continente neutro de emisiones en 2050. Gobiernos y Parlamento Europeo pactaron este complejo hito en abril, pero faltaba dibujar punto por punto el camino para llegar a él. Y así lo ha hecho este miércoles la Comisión Europea a través de una ofensiva legislativa que incluye trece futuras leyes que abrazan todo tipo de sectores y que tienen potencial para afectar a la vida y las costumbres de todos los europeos, desde los ciudadanos hasta las empresas e, incluso, los terceros que desde fuera de la Unión quieran hacer negocios con ella.

El macropaquete legislativo, bautizado como Fit For 55 [Listos para el 55], prevé descarbonizar la UE haciendo más caras las emisiones de CO₂ a todos los niveles para desincentivarlas en los ámbitos del transporte, la industria, la agricultura o el hogar. "Europa es el primer continente en presentar la arquitectura necesaria para cumplir nuestras ambiciones climáticas", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dado por sentenciada "la economía de los combustibles fósiles".

El precio del CO₂

Si todo pasa por reducir las emisiones, lo primero que hace falta es desincentivar al que las emite, y la Comisión tiene claro que la única manera es hacerlo pagar caro. Actualmente ya existe el llamado mercado de derechos de dióxido de carbono (ETS), que impone un precio a cada tonelada de CO₂ emitida por la industria por encima del límite establecido y obliga a comprar un título en este mercado. Actualmente cada tonelada puede costar unos 50 euros. Pero Bruselas quiere ir más allá y reformar el sistema ETS para añadir a más sectores como el marítimo o el transporte por carretera, este último a partir de 2026. "El CO₂ tiene que tener un precio que ayude a incentivar a los consumidores y productores a elegir un método sostenible", ha dicho Von der Leyen.

Pero esta propuesta es una de las que despierta más miedos, porque el encarecimiento de los combustibles fósiles puede provocar protestas similares a las vividas en Francia con los chalecos amarillos, que se sublevaron por el encarecimiento del diésel. De hecho, para reducir las emisiones de CO₂ de los transportes, también se propone un sistema más estricto de emisiones para camiones y furgonetas, que tendrán que reducir al 100% las emisiones en 2035 si se compara con el nivel actual y acabar con los coches con motor de combustión ese mismo año. En el caso de la aviación, la propuesta implica que se incremente el uso de combustibles alternativos y grabar el queroseno. Para dar impulso a las energías limpias, la Comisión también eleva el porcentaje de producción de energías renovables de cara al 2030 desde el 32% actual al 40%. Todo va relacionado con una reforma del sistema de fiscalidad energética. La actual directiva, de 2003, fija mínimos impositivos a la energía (calefacción, combustibles y electricidad), pero la reforma prevé aumentar las tasas para los combustibles fósiles y los más contaminantes (diésel ) y eliminar algunas exenciones.

Un arancel ecológico

Y habrá un nuevo impuesto, que es una de las medidas más polémicas porque no afecta solo a la Unión. Es el llamado mecanismo de compensación en frontera, que ha levantado recelos también en los Estados Unidos e incluso ha sido acusado de "proteccionismo". La propuesta de Bruselas busca equiparar las exigencias en el esquema de los precios del carbono que ya pagan los productores europeos a los de fuera de la Unión. Esto significa que las importaciones tendrían que pagar la cantidad compensatoria equivalente a lo que se habría pagado por las emisiones de CO₂ si el producto en cuestión se hubiera fabricado en la UE. Si un productor no europeo puede demostrar que ya ha pagado el precio del carbono en su país, la podrá deducir. "No es un impuesto, sino una medida climática", ha justificado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Esto afectaría principalmente a las industrias que se nutren de materias primas provenientes de países donde la lucha contra el cambio climático está lejos de los estándares europeos, pero que son importantes socios comerciales, como por ejemplo los Estados Unidos, Turquía, Rusia o China, de donde por ejemplo se importan acero, aluminio, fertilizantes y cemento. Bruselas es consciente de los riesgos de esta medida, pero espera poner en valor el mercado de 405 millones de habitantes que representa.

72.200 M€ para los más vulnerables

Otra rama de la transición ecológica es la que afecta directamente a la eficiencia energética de los edificios. La propuesta de la Comisión implicaría trasladar también un esquema similar a lo ETS para el sector de la construcción o la calefacción de los edificios. Por ejemplo, el sector público quedaría obligado a renovar el 3% de los edificios cada año. El mensaje que se envía con todas estas propuestas está claro, pero las consecuencias también: seguir viviendo, consumiendo y produciendo como hasta ahora será más caro para todo el mundo y muchos no se lo pueden permitir. 34 millones de europeos viven en una situación de pobreza energética, según los datos del mismo ejecutivo comunitario y que, por lo tanto, no pueden ni pensar en pagar más cara la gasolina, cambiar de coche o renovar el edificio donde viven.

Por eso, una de las medidas más esperadas para los sectores y países más atrasados es la creación del fondo social de transición, que se financiaría en parte con el dinero obtenido de la reforma del mercado del carbono y que estaría especialmente pensado para los ciudadanos más vulnerables. Contaría con 72.200 millones de euros, destinados sobre todo a la pobreza energética de hogares vulnerables. Además, Bruselas recuerda que hasta un 30% del presupuesto europeo va destinado a inversiones verdes y que los mismos fondos de recuperación antipandemia se tienen que destinar en buena medida a la transición ecológica.

Críticas y negociaciones

Todo esto queda repartido en 13 leyes que a estas alturas son propuestas y que tendrán que empezar todo un largo viaje legislativo que puede durar años. Es decir, hay que negociarlas con gobiernos, entre los cuales hay situaciones e inclinaciones tan opuestas como las de Dinamarca y Polonia, por ejemplo, y después también con la Eurocámara. El resultado final, pues, será previsiblemente diferente, pero estas son las bases de la negociación y las críticas ya han llegado desde todos lados. Tanto Greenpeace como Intermon Oxfam han criticado las propuestas por insuficientes y recuerdan que para cumplir el Acuerdo de París el objetivo del 55% ya se queda corto y que, de cara a 2030, hay que reducir las emisiones un 65%. En cambio, la patronal Europea Business Europe ya se ha manifestado "preocupada" por el impacto que tendrá todo ello en la "competitividad" empresarial.

También se anticipan reticencias en las dos direcciones en función del país o del color político. "Estoy seguro de que a algunas partes del Parlamento Europeo y de los estados miembros no les gustará, pero el objetivo de reducción del 55% no se puede discutir, porque está escrito en la ley. Si no gusta una propuesta, se debatirá, pero la alternativa tiene que permitir llegar al mismo objetivo", ha avisado el vicepresidente Frans Timmermans.

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