Trump obliga a incinerar (en Europa) 10 millones de dólares en anticonceptivos destinados a mujeres del Sur Global

BarcelonaDecenas de camiones cargados de anticonceptivos por estrenar esperan en almacenes –uno de ellos, en Bélgica– a ser incinerados. Son implantes, DIU y pastillas anticonceptivas que había comprado la administración estadounidense a través del programa USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, y que tenían como destino países del Sur Global. Pero ahora el gobierno de Donald Trump ha decidido destruirlos, según confirmó un portavoz del gobierno estadounidense en el diario The Guardian a finales de julio.

Estas toneladas de material contraceptivo estaban destinadas a mujeres con pocos ingresos, principalmente de países africanos. Pero en enero, coincidiendo con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se dio la orden de congelar los fondos de los programas del USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, y el stock quedó bloqueado en un almacén en Geel, cerca de la ciudad belga de Amberes. Y en los próximos días será incinerado en una planta de reciclaje en Francia.

Si bien varias organizaciones humanitarias, gobiernos e incluso agencias de la ONU se han ofrecido para comprar los suministros y asumir los costes de la distribución, el gobierno estadounidense ha rechazado las ofertas. La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) ha confirmado al ARA que se ha ofrecido a la administración estadounidense para "recoger los productos en Bruselas, transportarlos y reenvasarlos a su almacén en Países Bajos y distribuirlos a las mujeres necesitadas de todo el mundo, todo sin ningún coste. "En una situación normal, estos suministros habrían ido a parar a personas que quieren y necesitan atención anticonceptiva, pero que no pueden permitírsela", lamenta la entidad, e insta a las autoridades a que no han emitido ninguna declaración pública formal hasta ahora a posicionarse.

De hecho, la lógica económica no parece haber tenido nada que ver en la decisión de quemar los anticonceptivos. La destrucción de los suministros tiene un coste de 167.000 dólares (más de 140.000 euros), que fueron sufragados por los contribuyentes estadounidenses. Por eso las organizaciones de planificación familiar asociadas bajo el paraguas del IPPF consideran que se trata de un acto de "coacción reproductiva", porque la Casa Blanca está escogiendo "el derroche y la ideología extremista" frente a "la atención, los derechos humanos, la seguridad y la salud". "Los recortes en la financiación de USAID no son en absoluto neutros: aumentan la vulnerabilidad de millones de mujeres y ponen en riesgo derechos fundamentales", denuncia al ARA Raquel Hurtado, portavoz de SEDRA, la Federación de Planificación Familiar de España. Hurtado advierte de las graves consecuencias que pueden tener este tipo de políticas, especialmente para mujeres más pobres, que viven en zonas rurales de países con sistemas públicos de salud ya muy frágiles: "Es, literalmente, una cuestión. reducen el número, sino que obligan a las mujeres a recurrir a métodos rudimentarios, poniendo en riesgo sus vidas. En nombre de una supuesta moral de protección, lo que se perpetúa es una violencia estructural”. acercamiento a las autoridades norteamericanas, pero asegura que han rehusado la oferta. en manos de entidades privadas y que el gobierno no tiene constancia hasta ahora de que haya habido transferencia alguna. la gestión de productos caducados", y no el stock en cuestión.

Embate contra los derechos reproductivos

Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, cerca del 83% de los contratos de USAID han sido cancelados, perdiéndose más de 5.200 proyectos. Según recientes estimaciones de la prestigiosa revista The Lancet, estos recortes pueden provocar hasta 14 millones de muertes adicionales en todo el mundo antes de 2030. Los programas que se han visto más afectados han sido los del ámbito de la salud global y, especialmente, los del ámbito de la salud sexual, como la PEPFAR, la iniciativa emblemática para combatir el VIH. Sin embargo, según datos de la ONU, más de 200 millones de mujeres en todo el mundo siguen sin tener acceso a métodos anticonceptivos.

Esta parte de la agenda de la administración Trump se fundamenta en la llamada política de la ciudad de México, un acuerdo internacional antiaborto en el que Trump restableció la participación de EEUU en enero. El pacto prohíbe al gobierno de EE.UU. contribuir o trabajar con organizaciones que proporcionan financiación o suministros que ofrecen acceso a abortos. Y como, en contra del consenso de la comunidad médica, la actual administración considera a los DIU como método "abortivo" en lugar de "anticonceptivo", esto le permite justificar la suspensión de ayudas destinadas a los programas internacionales de salud reproductiva.

En este sentido, Raquel Hurtado reivindica que Europa debería posicionarse políticamente contra el embate antiaborto de Trump y "compensar la retirada de fondos de Estados Unidos", ya que tiene "los recursos y la responsabilidad de contrarrestar la ofensiva" contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.