Vía libre judicial para castigar económicamente a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria

BruselasLa Comisión Europea ya tiene vía libre para congelar la concesión de fondos europeos a Hungría y Polonia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles el mecanismo que permite condicionar la entrega de fondos comunitarios a estados miembros en función de si cumplen o no los estándares del estado de derecho. La decisión desestima, pues, el recurso que Hungría y Polonia presentaron para tumbar este instrumento con el que la UE decidió dotarse cuando aprobó el fondo de recuperación antipandemia.

En su sentencia el TJUE es contundente: "El respeto a los valores en el que se fundamenta la Unión no puede reducirse a la obligación a la que está sujeto un estado candidato para adherirse a la Unión y de la que pueda eximirse después de entrar". Además, destaca que como el presupuesto de la Unión es un mecanismo basado en la solidaridad y la confianza entre estados miembros, protegerlo de vulneraciones de los valores europeos queda más que justificado. "La buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse seriamente amenazados por la vulneración de los principios del estado de derecho", asegura el tribunal con sede en Luxemburgo, que, por lo tanto, considera que un mecanismo de condicionalidad como este "está comprendido en las conferencias que los tratados confieren a la Unión".

La simple creación de esta vía legal para penalizar la deriva autoritaria de algunos socios europeos encontró dificultades desde el primer minuto. La aprobación del inédito fondo de recuperación de 800.000 millones de euros en 2020 ya chocó con la oposición de Hungría y Polonia, que secuestraron el trámite con el objetivo de deshacerse de ello. Su oposición no bastó, en parte porque el resto de líderes accedieron a darles la posibilidad de recurrir el mecanismo en el TJUE y no ponerlo en marcha sin el aval de la justicia europea. Esto, en la práctica, ha dado más tiempo a Varsovia y Budapest, pero no ha servido para tumbarlo porque el tribunal con sede en Luxemburgo lo considera alineado con la ley europea.

De hecho, el mecanismo ya quedó bastante aguado para que no sea tan contundente como algunos gobiernos querrían. No se trata de una herramienta de control del estado de derecho de manera directa. Es decir, no vincula por ejemplo un porcentaje concreto de la entrega de los fondos antipandemia o de los fondos de cohesión a la independencia judicial, pero sí busca proteger la salud financiera del presupuesto europeo. Así pues, si se detectan ineficiencias que pueden provocar el mal uso de los fondos europeos (corrupción o pocas garantías porque no hay una supervisión judicial adecuada o separación de poderes), los fondos se pueden congelar. Es pues una vía indirecta de castigo monetario que dota a la UE de una herramienta más entre las varias que ya tiene (mayoritariamente lentas y extremadamente burocráticas) para proteger los principios del estado de derecho.

Esta sentencia es el último paso que necesitaba Bruselas para activar definitivamente la vía del castigo contra Polonia, después de que el desafío escalara a su máximo nivel con la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho europeo por encima del nacional, que fue la gota que colmó el vaso para expertos, para algunos gobiernos y también para la Eurocámara, que decidió denunciar a la Comisión ante el propio TJUE por inacción. Hasta ahora Bruselas solo ha enviado requerimientos, pero sí ha congelado fondos europeos a Polonia por no haber cumplido una sanción impuesta por el propio TJUE en el caso del cierre de una mina.

El abogado general de la UE ya se había pronunciado en esta misma línea. Según el abogado Manuel Campos Sánchez-Bordona, la finalidad de este nuevo reglamento es "asegurar la correcta ejecución del presupuesto europeo cuando un estado miembro incurra en violaciones del estado de derecho que pongan en peligro la buena gestión de los fondos o sus intereses financieros". Subrayaba también que se trata de un mecanismo amparado por el derecho de la Unión porque es aplicable a las vulneraciones del estado de derecho que tienen que ver con la gestión del presupuesto, y no otras vulneraciones. Por lo tanto, señala, se trata efectivamente de un "mecanismo financiero" y no de un mecanismo sancionador, como opinan Hungría y Polonia, que creen que la UE se extralimita en sus funciones.