Los cinco retos más urgentes para los nuevos consejeros del CAC

BarcelonaEl Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) empezará a funcionar la próxima semana con una nueva configuración, después de que el Parlament haya votado esta tarde la renovación de sus integrantes. Lo hará después de un final de mandato agónico –con solo tres de los seis consejeros iniciales– en el que el presidente Roger Loppacher (a propuesta de Junts) vio cómo perdía alguna votación por la pinza que le aplicaban Daniel Sirera (PP) y Carme Figueras (PSC). Ahora será el periodista Xevi Xirgo quien, llegado desde la dirección de El Punt Avui y con una candidatura impulsada también desde Junts, tendrá que marcar el tono para los próximos seis años de un organismo que –a pesar de funcionar formalmente de manera colegiada con el resto de miembros– ha sido hasta ahora reflejo de las inquietudes e intenciones de su presidente. Estos son algunos de los grandes temas que tendrá que abordar.

1. Recomposición del consenso

Durante el Procés, un número significativo de votaciones del CAC se aprobaban solo con los miembros de la mayoría independentista, mientras que los consejeros de la oposición acababan emitiendo votos particulares: en total, 105 desde 2016. Ahora, los cinco nuevos miembros quieren romper esta dinámica y han celebrado ya algunas reuniones discretas, previas a sus nombramientos, en las que se han conjurado para intentar trabajar en equipo. La sensación compartida por los diferentes consejeros es que no hay ningún apriorismo que lo tenga que impedir y hay una voluntad explícita de marcar una dinámica diferente. En este sentido, Xevi Xirgo estará acompañado de Miquel Miralles y Laura Piñol a propuesta de ERC y Rosa Maria Molló y Enric Casas por parte del PSC. Esto significa que la mayoría independentista tiene todavía una posición de dominio en el CAC, pero que, en caso de discrepancias, cualquier otra alianza suma mayoría.

2. Resolver un concurso de FM encallado

El CAC tiene pendiente adjudicar seis licencias de FM. El precario equilibrio de los últimos tiempos ha embarrado un concurso que se convocó en noviembre de 2020. Los nuevos consejeros son conscientes de que esta demora es anómala y se quiere encarar la resolución cuanto antes mejor. El dictamen técnico está hecho, pero los miembros tendrán que decidir si lo aprueban tal como está o quieren repensar algún punto del concurso.

3. Fijar una posición sobre la gestión de las municipales

ERC y Junts mantienen una visión discordante sobre si empresas externas tienen que poder gestionar emisoras de radio municipales. La legislación catalana lo impide, pero, meses atrás, desde la parte de Junts del Govern se elaboró el borrador de un anteproyecto de ley en el que se cambiaba la norma para permitir este tipo de gestión. El día antes de que aterrizara en la mesa del consejo ejecutivo, aun así, ERC lo frenó y el borrador no prosperó. Mientras tanto, la reforma de la ley del audiovisual española sí sigue su tramitación, ahora en el Congreso, y ahí se acepta la fórmula de la gestión directa.

Desde la Associació Catalana de Ràdio se ha batallado mucho para impedir esta creación de cadenas a partir de licencias municipales. La entidad, durante este tiempo marcado por las demandas (ganadas), estaba presidida por Miquel Miralles, que se sentará ahora en la mesa de deliberación del CAC. Habrá que ver, pues, si este punto causa fricción en el seno del Consell. Por parte del ámbito socialista, la intención es seguir la ley al máximo, a pesar de que hay una cierta comprensión hacia la fórmula de la gestión indirecta, puesto que se considera pragmática en estos tiempos de dificultad para los medios locales. Al fin y al cabo, la barcelonesa Betevé se puso en marcha por una alcaldía del PSC justamente a partir de una externalización completa.

4. Recalibrar la relación del CAC con la Corporació

En el último y polarizado mandato, algunos de los informes y pronunciamientos del CAC se podían interpretar como muletas argumentales prestadas a un canal público que sufría por estar situado en el centro de la guerra por el relato. Los nuevos miembros tendrán que fijar si mantienen esta función de apoyo, teniendo en cuenta que el Consell es un organismo fundamentalmente regulador y sancionador. O puede haber la tentación contraria: hacer oposición a la Corporación desde el Consell. Por el lado próximo al PSC se detectan ganas de hacer fuego nuevo y de centrarse más en la mirada larga: se es consciente de la importancia de la Corporació para el audiovisual catalán y se admite que los debates sobre polémicas de bajos vuelos pueden distraer la atención sobre las reformas en profundidad que necesita la radiotelevisión pública.

Otra de las incógnitas es cómo funcionará el entendimiento entre los consejeros propuestos por Esquerra y la presidencia impulsada desde Junts. En los últimos tiempos, cuadros afines al ex president Carles Puigdemont han expresado públicamente su disgusto por aspectos relacionados con TV3. Desde filas republicanas hay un cierto temor a que, una vez la presidencia de la Corporació esté ocupada por Rosa Romà, candidata a hacerlo por parte de ERC, este descontento de un sector de Junts se canalice a través de la presidencia del CAC, teniendo en cuenta la proximidad con Junts que se atribuye a Xevi Xirgo, autor de los dos libros de memorias de Puigdemont. Pero, en estos encuentros previos entre los miembros, la cuestión no se ha explicitado y todo el mundo se ha mostrado favorable a trabajar en equipo. Una idea de fondo compartida es que convertir el Consell en un mini Parlament acaba haciendo cuestionar la independencia profesional de sus miembros y desprestigia el organismo.

5. Adecuar el CAC a la comunicación de 2022

Donde sí hay consenso inequívoco, sin discrepancias políticas, es en la necesidad de seguir dotando de sentido a un organismo discutido desde varias instancias (Ciudadanos y Vox, por ejemplo, piden su cierre). Uno de los retos es conseguir que el CAC tenga competencias en los ámbitos digitales. Es una tarea difícil, aun así. Por un lado, esta institución tiene detrás unas leyes que son todavía muy herederas del viejo paradigma analógico. Y, por el otro, si a duras penas los nuevos operadores digitales se sienten interpelados por las legislaciones europeas, todavía es más difícil intervenir desde un ámbito catalán: el debate a raíz de la ley audiovisual española, en el que no se ha conseguido obligar a los gigantes del streaming a incorporar los doblajes ya existentes en catalán en su catálogo, ha sido un elocuente ejemplo de ello. Una de las claves de la etapa que empieza será la relación con el Estado. Por la parte socialista hay una voluntad de trazar entendimientos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –el organismo español que ha asumido la regulación del sector– que no se observa en los miembros impulsados desde Junts o Esquerra. En todo caso, los consejeros son partidarios de mantener la práctica impulsada por Loppacher, consistente en hacer estudios que sirvan de denuncia pública, con la esperanza de que las big tech los tengan en consideración.