Escéptico ante la protección del secreto profesional
El gobierno central ha anunciado con bombo y platillo que impulsará una ley para garantizar el derecho al secreto profesional de los periodistas. Hombre, cuando fue muerto lo comulgaron. El secreto profesional está reconocido desde 1978, puesto que la Constitución, en el apartado D del artículo 20.1, reconoce el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y afirma que "la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional, en ejercicio de estas libertades". El problema es que la medalla gigante del mágico Andreu que se cuelga Pedro Sánchez no logra tapar las suspicacias. En la nota de prensa se alerta de que habrá excepciones a estas intrusiones intolerables "cuando sean el único medio para evitar daño grave e inminente para la vida, integridad física o seguridad, o riesgos para la seguridad nacional o el sistema constitucional". No cuesta demasiado desbrozar la palabrería legalista por entender que el Estado se está reservando el derecho a definir cuáles son estas excepciones. Todos los atropellos democráticos que se produjeron durante el Proceso con las escuchas ilegítimas y el espionaje a los periodistas, por ejemplo, podrían reeditarse en nombre de esa abstracta protección del sistema constitucional.
El derecho al secreto profesional es un pilar del periodismo y cuando en España no se ha respetado no ha sido tanto por falta de desarrollo legal en una ley como por las deficiencias clamorosas de los órganos policiales cuando se les pasa el algodón de la higiene democrática. Sin un profundo cambio cultural entre quienes ostentan el poder de la violencia institucional difícilmente se avanzará más en la protección de las fuentes. Adelante con los nuevos textos legales en el BOE, pero este derecho se lucha en las comisarías, que para los periodistas son todavía el reino de la arbitrariedad.
