Google News volverá a ofrecer servicios en España

Google Noticias volverá a estar disponible para los usuarios del Estado. Un nuevo decreto ley que transpone la directiva europea de derechos de autor conllevará el regreso a España del agregador de noticias del gigante informático, que decidió dejar de trabajar aquí en 2014 a raíz de la ley de propiedad intelectual española que obligaba a cualquier publicación digital del Estado, tanto si lo quería como si no, a cobrar a los servicios un canon para reproducir cualquier fragmento de su contenido. El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que las empresas informativas y las agencias de noticias podrán negociar con las grandes firmas tecnológicas, como Google y Facebook, una remuneración por la difusión de sus contenidos, siempre que haya autorización previa. "La negociación de las autorizaciones se realizará de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia, transparencia y respecto a las reglas de la libre competencia, y se excluye el abuso de posición de dominio en la negociación", recoge el texto legal. Con la publicación en el BOE, el decreto entra en vigor, a pesar de que el Congreso lo tendrá que convalidar o derogar y podrá introducir enmiendas.

Después de la publicación del decreto, Google ha anunciado con un comunicado la intención de reabrir el servicio en España a principios de 2022. "Desde el comienzo del año próximo Google Noticias ofrecerá enlaces a noticias útiles y destacadas, procedentes de un amplio espectro de fuentes, que ayudarán al público español a encontrar información sobre temas de actualidad y profundizar", explica la tecnológica. Desde Google señalan que la nueva ley española permitirá a los medios de comunicación, ya sean grandes o pequeños, "decidir libremente cómo se pueden encontrar sus contenidos en internet y la manera de generar ingresos". Una de las condiciones que establece el decreto es que los agregadores se limiten a "ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario en el buscador", y que siempre se incluya un enlace en la página de origen de los contenidos.

Además, la empresa tecnológica ha anunciado que tiene previsto ofrecer en España Google News Showcase, un programa de productos bajo licencia y que pagará a las empresas editoras para que generen contenidos especialmente trabajados y destinados a los paneles de Google Notícies y Discover. En el comunicado, la compañía aprovecha la ocasión para asegurar que está comprometida con el periodismo de calidad: "Creemos que, para un futuro sólido del periodismo, hace falta una colaboración entre las empresas tecnológicas, los medios informativos y los gobiernos. A lo largo de los años hemos hecho muchas cosas para apoyar la evolución y la sostenibilidad del periodismo a largo plazo".

Revisión de contratos

Además de establecer la negociación entre editoras y tecnológicas, el decreto prevé la revisión de los acuerdos a los que lleguen las dos partes. En este sentido, detalla que si se produce una "manifiesta desproporción entre la remuneración inicialmente pactada entre el autor en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras" se podrá solicitar la revisión del contrato y, si no se llegara a un acuerdo, se tendría que recurrir a un juez que fijaría "una remuneración adecuada y equitativa" para los diez años siguientes a la cesión.

La transparencia es un elemento fundamental de la nueva ley. De hecho, el decreto establece que las empresas tecnológicas tendrán que avisar a los medios con los que tengan acuerdos de cualquier cambio que hagan en su algoritmo y que pueda tener consecuencias en la jerarquización de noticias en el agregador.

La fórmula del gobierno español para transponer la directiva europea también reconoce a los medios de comunicación los derechos en exclusiva de sus contenidos. En concreto, el decreto dice que las publicaciones de prensa y agencias de noticias "tendrán el derecho exclusivo de reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, para cualquier medio y en cualquier formato, de la totalidad o parte de una publicación de prensa así como el derecho exclusivo de la puesta a disposición del público".

La nueva legislación española se alinea con las leyes que han adoptado otros países del mundo, como Australia. La ley australiana, aprobada este febrero, también establece el pago de las tecnológicas y la intervención de un juez como árbitro en caso de que haya desacuerdo entre los medios y los agregadores. En un principio la normativa molestó a las grandes tecnológicas y Facebook presionó al gobierno de Canberra con un apagón informativo que sirvió para introducir modificaciones en la legislación. La empresa de Mark Zuckerberg consiguió que el gobierno australiano aceptara que la nueva ley no afectara a Facebook siempre que pudiera demostrar "una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria informativa australiana" a través de acuerdos comerciales con medios de comunicación. Mientras Facebook optó por la presión, Google llegó a un acuerdo de tres años con Rupert Murdoch, propietario de News Corp.