El asesinato selectivo e intencionado de cinco profesionales de Al Jazeera evidencia una vez más la falta de cualquier moral (o respeto por el derecho internacional) del gobierno israelí. Incluso la guerra tiene una serie de normas, y una de las esenciales es que los periodistas no sean objetivo militar. La capacidad de crónica y testimonio de los reporteros es imprescindible para denunciar el incumplimiento de las convenciones en tiempo de conflicto. La erradicación sistemática de profesionales de los medios muestra cómo Netanyahu no quiere cámaras ni micrófonos en la víspera de la ocupación de la Ciudad de Gaza.
Para perpetrar estos asesinatos hace falta algo de relato. En ese caso, se acusaba a Anas Al-Sharif de ser terrorista de Hamás, pero Israel no ha suministrado ninguna prueba que sustente esta tesis. Poca actividad terrorista podía hacer este corresponsal, que se pasaba las largas jornadas de sol a sol mostrando el horror de Gaza ante las cámaras: casi nadie tenía su labor diaria tan documentada. De hecho, el Committee to Protect Journalists, fundado por el legendario Walter Cronkite, alertaba hace un mes de la campaña de desprestigio abocada contra Al-Sharif y manifestaba preocupación –justificada, como se ha visto– por su integridad física. En la guerra de Gaza han muerto ya más periodistas que durante las dos guerras mundiales, Vietnam, Yugoslavia y Afganistán, según un estudio del proyecto Costs of War de la Universidad de Brown. Numéricamente, y emocionalmente, no se puede comparar con la masacre también sistemática de niños y la campaña del hambre con la que se asociará a Netanyahu siglos a venir. Pero impedir el acceso de la prensa internacional y el silenciamiento por la vía más expeditiva de reporteros locales –a los que hemos dejado demasiado solos– es la palanca necesaria para poder cometer el resto de atrocidades.
