Una patata caliente que nadie quiere asumir

El PSOE ha pedido amparo a varias agrupaciones periodísticas –FAPE, APM y APP– por lo que considera una campaña de odio practicada por “pseudomedios y pseudoperiodistas”. En concreto, insta a las entidades a apoyar la petición que formularán en el Congreso, en el Senado y en los Parlamentos autonómicos para que se retiren las credenciales a estos profesionales. Pero las asociaciones han dicho que nanai: que conceder o retirar una acreditación de prensa corresponde a las instituciones, no a los órganos gremiales. Hace un tiempo, la Generalitat pidió también el aval del Colegio de Periodistas tras retirar la credencial a Xavier Rius, de e-notícies, por los comentarios inapropiados efectuados durante una rueda de prensa del Govern. El organismo criticaba al profesional, pero alertaba también del peligro de afectar a la libertad de prensa. Y el TSJC, revisando el procedimiento de exclusión, obligó a devolver el pase de entrada.

Hay periodistas que acuden a las ruedas de prensa como escenario desde el que grabar sus editoriales sin pregunta, a la espera de provocar una reacción apasionada de su destinatario y recoger un puñado de clics. Es su momento de gloria, pero también una disrupción que puede degenerar en una falta de respeto a los comparecientes y al resto de periodistas. ¿Cuál es la solución? No que las organizaciones sectoriales decidan nada: ¡qué peligro! Retirar la acreditación de un periodista es lo suficientemente grave para que, si se toma este camino, sea con un proceso regulado y lleno de garantías, instado por un organismo independiente blindado a prueba de políticos y grupos mediáticos. Pero esto, en España, ¿es mínimamente imaginable? La única vía es que las instituciones hagan buenos reglamentos, dentro de los límites legales, para hacer frente a esta perversión del sistema y al mismo tiempo garantizando que no se compromete la libertad de información.