Europa avisa a la Generalitat: más desalinizadoras, sí, pero no a cualquier precio

BarcelonaEsta semana, la Generalitat ha solicitado a la Comisión Europea (CE) un aumento de la financiación -a través de los fondos Next Generation y Feder- para impulsar la construcción de tres nuevas desalinizadoras en Catalunya. El Gobierno trasladó su petición a la jefa de la Unidad de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la CE, Claudia Olazábal, en una visita a Barcelona. El ejecutivo lo justificó por la necesidad de reforzar la disponibilidad de agua y reducir la dependencia de la lluvia después de una histórica sequía que, en estos momentos, parece lejana ante los niveles de las reservas de agua en embalses y cuencas internas (92%), pero que llevó a Catalunya a una situación crítica en el 2023. aviso a la Generalitat: más desalinizadoras, sí, pero sólo si forman parte de un plan más amplio e integral de la gestión de la demanda y del suministro de agua. Y si todo el resto de deberes están hechos.

De hecho, desde la CE son contundentes: antes de otorgar recursos a regiones europeas para ganar más de estas infraestructuras hídricas, reclama a las administraciones que las desalinizadoras sean "2.0"; es decir, que no consuman "tantísima" energía y que se gestione bien la salmuera; es decir, los residuos de alta concentración salina generados en el proceso y que deben devolverse al mar de forma controlada. En esta transformación, para el ejecutivo europeo, los gobiernos deben garantizar un menor consumo de energía fósil con superficies de paneles solares "muy grandes" que permitan alimentar a las máquinas. Y, además, deben tener muy claro que no son una solución permanente, que no pueden estar siempre activas.

La Generalitat reclama apoyo económico para ejecutar tres infraestructuras que considera "estratégicas" para la gestión hídrica del país en los próximos años: las desalinizadoras de Tordera II, Foix y la de la Costa Brava. Las plantas de Tordera II (Blanes) y Foix (entre Cunit y Cubelles) ya tienen la aprobación del consejo de ministros, pero la construcción sigue a la espera de que el ministerio de Transición Ecológica firme el inicio de las obras, con previsión de entrar en funcionamiento hacia el 2029. Respecto a la ubicación de la Costa Brava, todavía falta determinar su ubicación.

El ejecutivo catalán asegura que las tres infraestructuras forman parte de una estrategia más amplia de transición hídrica que busca "asegurar recursos estables" mediante la llamada "fabricación del agua" —basada en la desalinización y la regeneración— tal y como reclama la UE. En este sentido, destacan la movilización de 130 millones de euros en ayudas destinadas a más de 700 municipios para modernizar las redes de suministro y reducir fugas -una actuación que permitirá recuperar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua al año-. Así, se quiere garantizar el suministro incluso en escenarios de sequía prolongada como la vivida durante tres años en Catalunya.

Explotación intensiva en España

Ante que las desalinizadoras pueden formar parte del abanico de soluciones viables en caso de emergencia, la CE destaca también otras prioridades. En el Plan de Acción en agua de cara a 2050 existen tres pilares: restaurar y proteger el ciclo del agua, fomentar un uso más eficiente e inteligente del recurso hídrico y garantizar el acceso a agua limpia para toda la población. Este último punto es trascendente: todavía aproximadamente 22 millones de personas en Europa no tienen acceso a una red de agua potable, especialmente en zonas rurales o entre colectivos vulnerables o con un modo de vida nómada.

En los cincuenta años que Europa dispone de una legislación en materia de agua, el ejecutivo comunitario considera que ha habido una excesiva tolerancia a la contaminación de las aguas superficiales, principalmente causada por la agricultura, la industria y el impacto al alza del cambio climático, como sequías e inund. De hecho, en estos momentos, en el Viejo Continente el gran problema no está en la disponibilidad de agua, sino en la calidad de ésta. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), sólo el 37 por ciento de las aguas superficiales tienen muy buen estado ecológico o químico, mientras que el 29 por ciento tienen un buen estado. La fotografía cambia en el caso de las aguas subterráneas: el 77% tienen niveles aceptables (un porcentaje ligeramente mejor que hace una década).

El caso de España ilustra algunos de los problemas estructurales vinculados a la contaminación del agua. Por ejemplo, el Estado tiene ya una condena por el incumplimiento de la directiva de nitratos por las elevadas concentraciones en aguas subterráneas y superficiales derivadas del uso intensivo de fertilizantes químicos y de la ganadería intensiva, especialmente purines. También se ha señalado la mala gestión en casos emblemáticos como el del Parque Nacional de Doñana por la sobreexplotación de los acuíferos y la extracción intensiva de agua para la agricultura.

En el primer caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que España no identificó adecuadamente las zonas vulnerables a nitratos, hacía pocos controles y permitía grandes diferencias entre comunidades autónomas. En el segundo caso, el TJUE consideró que España no había adoptado medidas suficientes ni eficaces para evitar la presión sobre los recursos hídricos ni para proteger adecuadamente a los ecosistemas de Doñana. Las sentencias europeas obligan al Estado miembro a corregir la situación, pero sólo puede iniciarse un segundo procedimiento —que podría acabar con sanciones, a menudo en forma de multas diarias— si el país incumple reiteradamente.