La multa millonaria que quiere hacer desaparecer a Greenpeace

BarcelonaLa organización ecologista Greenpeace está inmersa en una batalla legal que podría llevarla a la "quiebra" económica y que se ha orquestado, dicen desde la entidad, para hacerla desaparecer, al menos en Estados Unidos, y silenciar su lucha. Se trata de la denuncia impulsada por la compañía petrolera estadounidense Energy Transfer contra las acciones de protesta que realizó Greenpeace –junto a otras organizaciones– lleva casi una década contra un gasoducto en Dakota del Norte que atravesaba tierras indígenas y ecológicamente valiosas. Ahora un jurado de Dakota del Norte ha declarado a Greenpeace responsable de difamación y le ha ordenado pagar más de 660 millones de dólares (605 millones de euros) a la compañía petrolera.

Greenpeace ya ha anunciado que apelará la decisión al Tribunal Supremo de Dakota del Norte. Asimismo, el mes pasado Greenpeace presentó también una querella en un tribunal de Ámsterdam (donde tiene su sede internacional) para acogerse a la directiva de la Unión Europea (UE) anti-SLAPP. La organización cree que la demanda de Energy Transfer es una SLAPP, sus siglas en inglés de demanda estratégica contra la participación pública. "Como todas las SLAPP, la demanda de Energy Transfer es un intento de enterrar a organizaciones sociales y sus activistas en un monte de gastos judiciales, empujarles a la quiebra y, en última instancia, silenciar la disidencia, suprimir la libertad de expresión y limitar el poder de la gente. Pero no se lo pondremos fácil: no nos haremos fácil. "Energy Transfer no ha escuchado todavía nuestra última palabra en esta lucha. No daremos marcha atrás, no nos harán callar", ha afirmado también la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper.

Consultada por este diario, Greenpeace no tiene claro si la multa debe hacerse efectiva inmediatamente o si la apelación la detiene. El veredicto se ha hecho público hace pocas horas y la organización está "debatiendo la estrategia de respuesta", explica al ARA Javier Raboso, director de campañas de Greenpeace España. En caso de que se tuviera que pagar, el gasto se repartirá entre las dos filiales estadounidenses (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc. en Washington) y Greenpeace International. "Eso puede suponer la desaparición de Greenpeace en Estados Unidos", asegura Raboso, pero apunta que la organización a nivel internacional -está presente en 55 países- no desaparecería. La organización confía en que el proceso abierto en los Países Bajos también pueda ayudar, porque justamente el año pasado la UE aprobó una directiva "en contra de estos litigios abusivos que son bastante habituales contra organizaciones sociales y contra periodistas, en los que las grandes corporaciones utilizan cargos de difamación y contra el honor, pero no tienen como prioridad la victoria" explica Raboso.

La directora ejecutiva de las filiales estadounidenses, Sushsma Raman, ha alertado del peligro que esta sentencia representa "para el futuro de la Primera Enmienda", que protege la libertad de expresión en Estados Unidos. "Este caso debería alarmar a todo el mundo, sin importar las inclinaciones políticas, porque forma parte de un esfuerzo renovado de las corporaciones de utilizar a los tribunales como arma y silenciar la disidencia" y "destruir el derecho a la protesta pacífica". Raboso destaca, de hecho, que la empresa que les ha demandado "es uno de los grandes donantes de la campaña de Donald Trump".

Energy Transfer, con sede en Texas, también acusaba a Greenpeace de invasión de la propiedad, molestias y conspiración civil por las manifestaciones de hace casi una década contra el gasoducto Dakota Access Pipeline. Un jurado de nueve personas, en un tribunal de Mandan, a unos 160 kilómetros de donde se produjeron las protestas, ha estado dos días deliberante y este miércoles por la noche ha llegado a un veredicto condenatorio. El abogado de Energy Transfer, Trey Cox, acusa a la organización ecologista de causar daños a la empresa por valor de entre 265 y 340 millones de dólares, y había pedido al jurado esa cantidad más daños adicionales.

La protesta en Standing Rock no frenó el oleoducto

Las protestas contra el gasoducto Dakota Access Pipeline, que quería construirse atravesando la reserva sioux de Standing Rock, reunieron hasta 10.000 personas en su pico de movilización. Arrancó en el 2016 y acabó en febrero del 2017, un mes después de que Donald Trump llegara por primera vez a la Casa Blanca. La Guardia Nacional y la policía desalojaron a los manifestantes, que habían instalado un campamento cerca de Standing Rock, un lugar sagrado para los sioux, para impedir el paso de las máquinas que debían dar el oleoducto.

Pero la movilización no logró frenar la construcción del gasoducto, que se puso en marcha en el 2017 con 1.886 kilómetros. Sin embargo, la empresa constructora, Energy Transfer, todavía no tiene un permiso clave para operar bajo el lago Oahe en Dakota del Sur y las tribus locales han impulsado una exhaustiva revisión ambiental del proyecto. En la protesta que ha originado la demanda participaron miembros de más de 200 tribus nativas estadounidenses en apoyo de los sioux, cientos de veteranos del ejército estadounidense, actores y líderes políticos, e incluso el actual secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Greenpeace ha argumentado durante el juicio que las movilizaciones fueron encabezadas por líderes indígenas locales y no por la organización ecologista, que sólo ayudó a apoyar "una formación de acción directa no violenta". "En la demanda subyace el racismo imperante porque obvia que las movilizaciones fueron lideradas por la comunidad sioux", dice Raboso.

El juicio en Dakota del Norte ha durado tres semanas. En una declaración de vídeo, el cofundador y presidente de la junta de Energy Transfer, Kelcy Warren, acusó a Greenpeace de crear "una narrativa totalmente falsa" sobre su empresa. Según el abogado de Energy Transfer, la organización con más de cincuenta años de trayectoria ecologista utilizó la protesta para "promocionar su propia política egoísta".

Revuelta global para dejar el carbón y el petróleo bajo tierra