Un adolescente trae a Europa la agresión de un vigilante de metro que ningún tribunal ha querido investigar como torturas

BarcelonaLa asociación Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos ha presentado este jueves un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que advierte que ningún tribunal español ha aceptado investigar como torturas la agresión de un vigilante del metro a un adolescente en el año 2022. Hoy por hoy, el vigilante está absuelto del vigilante. Pese a que la escena quedó grabada en vídeo, la magistrada valoró que no había pruebas suficientes y las lesiones que sufría el menor se atribuyeron a una consecuencia de haberle reducido tras ponerse violento, de acuerdo con la versión de la defensa del vigilante.

Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2022 a las 21.30 horas. El menor, ZS, tenía 16 años e intentaba acceder a la estación de Glòries con la tarjeta gratuita T-16, pero el sistema contactless falló pese a que el título estaba vigente. Según su versión de los hechos, optó por entrar detrás de su pareja, lo que hizo que un vigilante se lo recriminara. Ambos terminaron discutiendo, ya que el vigilante le decía que saliera de la estación y el joven insistía en entrar.

Al final, ZS y su pareja se marcharon, y ya en la calle el vigilante y una compañera suya se acercaron. El primer trabajador empujó al chico, lo tiró al suelo y le golpeó con la porra "de forma totalmente gratuita e innecesaria", según consta en el recurso de la entidad especializada en defensa de los derechos humanos, que añade que el vigilante le aplastó con el cuerpo y le presionó el cuello con el brazo, ahogándole. De hecho, en el vídeo que grabó su pareja y que se presentó como prueba en el juzgado se oye al menor gritando: "Me estás ahogando".

Fundamentalmente, el recurso al TEDH —el primero que impulsa a Irídia— reprocha que la justicia no haya admitido investigar el caso como un posible delito de torturas o trato degradante, que según la acusación puede atribuirse a los vigilantes del metro porque, a pesar de ser trabajadores de seguridad privada, realizan funciones públicas. De entrada, el juzgado de instrucción de Barcelona que recibió el caso optó por tramitarlo como un procedimiento por delito leve, "que se caracteriza por la ausencia de investigación", criticó el abogado del menor, Ton Mansilla.

Por eso, Mansilla pidió que se tramitara como un procedimiento de diligencias previas, "que permitiría una investigación básica como tomar declaraciones y que un médico forense pudiera hacer un reconocimiento a la víctima" y, así, aclarar si había relación entre la agresión que denuncia y las lesiones leves que tenía. Para la acusación, es evidente que la agresión no estaba justificada y que el funcionario actuó con "ánimo de castigo", y critica que no han podido presentar pruebas para que esto se investigue.

"Pedimos hasta tres veces en el juzgado suspender el juicio por delito leve y abrir diligencias previas", lamentó el abogado, quien aseguró que siempre recibieron una respuesta negativa. "La Fiscalía tampoco hizo nada", añadió. También fue negativa la respuesta de la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Constitucional (TC), donde Irídia alegó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por el tipo de procedimiento que se había abierto en el primer juzgado. "El juzgado estaba obligado a abrir una investigación de oficio frente a hechos que pueden constituir tortura, y nadie lo hizo", resume Mansilla.

"El sistema judicial falla"

Mansilla ha anunciado el recurso al TEDH durante la rueda de prensa en la que Irídia ha presentado su informe anual sobre violencia institucional, y en el que han llegado a la conclusión de que, por distintos motivos, "el sistema judicial falla en la investigación de vulneraciones de derechos y torturas". Para el abogado de este caso, la agresión en el metro "ilustra perfectamente esta pasividad del ministerio fiscal y como en el imaginario de juzgados cuesta mucho entrar la posibilidad de que los funcionarios puedan cometer un delito de tortura". También ha subrayado que se lo han encontrado en otros casos. Además de Mansilla, la directora de Irídia, Anaïs Franquesa; la coordinadora de litigios, Sònia Olivella, y la psicóloga Cira Martínez han desgranado el informe de la entidad.

Una de las conclusiones que extraen de los 56 litigios por maltrato que han llevado a lo largo del año 2024 es que "los juzgados no están garantizando una investigación mínima efectiva cuando los responsables son agentes del estado, imposibilitando que lleguen a juicio". De estos casos, más del 65% se han archivado en algún momento, se han inadmitido o tramitado directamente como delitos leves. En ese sentido, y tras un recurso, en el 75% de los casos la Audiencia de Barcelona ha corregido la decisión del primer juez. La entidad también lamenta que "los tribunales asumen de forma incuestionable la versión de la policía", pese a que los agentes no gozan de presunción de veracidad.