Aplazado hasta 2024 el juicio por las agresiones neonazis del Nueve de Octubre de 2017 en Valencia

ValenciaEl caso por las agresiones neonazis durante la manifestación del Nueve de Octubre de 2017 en Valencia se vuelve a atascar. Las diferencias en la interpretación de las órdenes de alejamiento de los 28 acusados impidieron, este lunes, cerrar un acuerdo de conformidad con 26 procesados que ya habían aceptado declararse culpables, habían mostrado disposición a asumir las costas procesales y habían empezado a abonar la responsabilidad civil y las indemnizaciones pactadas: 1.700 euros. Todo a cambio de una notable reducción de las condenas, que situaba las penas de prisión entre un año y cuatro meses y un año y siete meses. Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba entre tres y siete años de reclusión y la acusación popular ejercida por la Comisión Nueve de Octubre, entre cinco y once.

El elemento que ha imposibilitado el acuerdo ha sido el alcance de las órdenes de alejamiento. Por un lado, el ministerio fiscal y los abogados de las víctimas defendían que los acusados no pudieran acercarse a menos de 300 metros de los agredidos, ni tampoco de las sedes de la Comisión Nueve de Octubre -plataforma convocante de la tradicional manifestación - o cualquier otro acto impulsado por ésta. Por otro, los letrados de los presuntos agresores insistían en que esta protección tan sólo podía afectar a las víctimas y los actos realizados por las asociaciones.

"Las defensas han querido estirar más el brazo que la manga", ha dicho Maria Josep Martínez, letrada de dos de las víctimas. "Yo no tengo la culpa si los abogados no se habían leído bien los escritos en los que la orden de alejamiento estaba formulada tal y como ya se ha expresado", ha añadido la fiscal valenciana contra los delitos de odio, Susana Gisbert. Para los representantes de los procesados, por el contrario, se trata de una medida inaplicable. "Sería cómo aceptar su destierro de Valencia, porque hay muchas entidades en la Comisión Nueve de Octubre y cada una tiene una sede en un lugar de la ciudad", explicaba al ARA uno de los letrados de los acusados. Para la Comisión Nueve de Octubre, el pacto no se ha sellado porque "los acusados no han querido aceptar plenamente sus responsabilidades". Ante estas diferencias, el juez que preside el tribunal ha suspendido la sesión de conformidad y pospuso la continuación del juicio hasta el 4 de marzo, momento en el que todavía podrían cerrarse los acuerdos que hoy no se han alcanzado.

Entre los dos acusados de que no han querido cerrar un pacto se encuentra el director de la emisora de televisión y radio Onda Fallera, Pepe Herrero, considerado uno de los posibles instigadores de las agresiones llevadas a cabo por los exmiembros de la peña Yomus, la extinta formación ultra de seguidores del Valencia CF, que según detalló el juez instructor, Vicente Ríos, accedieron a la plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio de la marcha, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, haciendo el saludo fascista. Posteriormente, rompieron los cordones de seguridad formados por la policía y acorralaron y agredieron a algunos manifestantes.

Identificaciones policiales de los manifestantes

Durante la llegada y salida de los procesados de la Ciudad de la Justicia de Valencia, se han vivido algunos momentos de tensión. Los acusados han sido recibidos por una concentración de la Comisión Nueve de Octubre y por diferentes colectivos antifascistas e independentistas que coreaban lemas como "Valencia será la tumba de los fascistas" y "Fuera fascistas de nuestros barrios". Aunque la mayoría de los procesados han respondido a los manifestantes con indiferencia, algunos se han encarado a ellos. Uno de ellos ha sido el ex líder de Yomus, Vicente Estruch, más conocido como el Alfarrasí, que se burló de la concentración y reprochó a los participantes que se pasen "todo el día llorando".

Igual de agresivo se ha mostrado Estruch con los medios de comunicación que le esperaban, a los que ha apartado de un golpe de mano los micrófonos. Además de las palabras de los acusados, los manifestantes también sufrieron las identificaciones de la Policía Nacional, que los agentes justificaron inicialmente porque los concentrados se habrían excedido en el horario autorizado para la protesta. Se trata de un argumento que los abogados de las defensas rechazaron y señalaron que la petición de documentación se ha producido primero en la puerta de la Ciudad de la Justicia y después también "a un grupo de jóvenes" cuando ya se marchaban de las instalaciones judiciales y no había presencia de medios de comunicación que pudieran ejercer de testigos.