La Audiencia de Barcelona investiga si los CDR detenidos fueron torturados por la policía

BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar posibles torturas de la Guardia Civil a uno de los doce miembros de los CDR acusados ​​en el marco de la operación Judas. Según ha revelado Alerta Solidaria, el tribunal ha dado luz verde a la querella presentada por Jordi Ros contra once de los agentes del cuerpo armado español por haberle vejado y maltratado físicamente en los registros realizados en su domicilio de Sabadell. Alerta Solidaria ha denunciado que las presiones y las amenazas también las sufrieron su hermano y otros familiares durante un cacheo que duró más de diez horas.

Asimismo, la Audiencia también exige que se aclaren las circunstancias de su traslado a Madrid en septiembre del 2019, una vez fue detenido. La querella, presentada en agosto del 2020, no fue elevada en la Audiencia de Barcelona hasta febrero pasado por parte del juez instructor de Sabadell que recibió la denuncia. Alerta Solidaria celebró la noticia y destacó que "las tremendas dilaciones indebidas" merecen "un correctivo" de la Audiencia, que reprocha en el juzgado de Sabadell "la pésima instrucción llevada a cabo".

Sin embargo, Alerta Solidaria ha lamentado que, seguramente, la investigación acabará en nada porque los agentes declararán que no recuerdan los hechos y no se facilitarán imágenes del registro ni pruebas documentales. “De la rapidez, diligencia y exquisitez que se exige a las defensas de los investigados en causas políticas, a la poca traza, a la vagancia y, en definitiva, a la chulería de quienes se saben impunes por tener todo el sistema a su favor”, ha criticado la organización antirrepresiva.

Juicio por terrorismo

Los doce encausados ​​en la operación Judas están pendientes de la publicación en el BOE de la ley de amnistía para que sus abogados pidan que se archive el procedimiento judicial, ya que los hechos por los que se les acusa entrarían en esta norma de olvido penal del Proceso, a pesar de la oposición de una parte de la Fiscalía. Sea como fuere, la Audiencia Nacional ha reactivado el proceso penal y ha convocado una vista para finales de junio, previa al juicio. La Fiscalía pide penas que van de los 8 a los 27 años de cárcel para todos ellos. Jordi Ros, el denunciante, se enfrenta a la pena más alta y está acusado de terrorismo, por formar parte de un supuesto grupo criminal y poseer material explosivo.

Ros, junto con Germinal Tomàs, fueron los dos últimos miembros de los CDR de la operación Judas que quedaron en libertad bajo fianza, un año después de ser arrestados. El tribunal impuso una fianza de 30.000 para Ros y 15.000 para Tomàs. Eran los últimos miembros de los CDR que quedaban en prisión de Soto del Real, después de que el juez hubiera decretado libertad para el resto de acusados, nueve en total.