El acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez prefigura un paso al frente en el camino hacia la resolución del conflicto político entre Catalunya y España. A la espera de que Junts también cierre la negociación con el partido de Sánchez, se abre una nueva etapa que no será fácil, pero que de entrada comporta logros concretos como la amnistía y una apuesta compartida por la vía del diálogo y la negociación, aunque sea con diferentes tablas: entre gobiernos y entre partidos. Hace solo unos meses poca gente habría creído en la posibilidad de semejante giro.
La amnistía para los afectados por la judicialización del Proceso –aún está por ver qué alcance final tendrá–, el traspaso de la gestión de Cercanías –una reivindicación histórica que se ha resuelto con la creación de una empresa mixta Generalitat-Estado– y la mejora de la financiación –la condonación de 15.000 millones de deuda del FLA es la parte más relevante del acuerdo– son los tres elementos clave del pacto entre republicanos y socialistas, a los que, si no hay ningún imprevisto de última hora, habrá que añadir las aportaciones que salgan del entendimiento entre el partido de Puigdemont y el PSOE.
Por supuesto, la nueva etapa comporta concesiones por todos lados. El independentismo, aunque todavía dividido, ha sabido renunciar a maximalismos simbólicos y aprovechar la favorable aritmética parlamentaria del Congreso. Al otro lado, el socialismo ha marcado claramente distancias con el ultranacionalismo inmovilista de la derecha.
De hecho, el acuerdo de investidura entre el PSOE y el independentismo catalán está sacando de quicio a la derecha judicial y política española, que una vez más no acepta una visión de España que no sea la suya, alérgica a la realidad plurinacional. Da igual la persistencia histórica de los hechos catalán y vasco y la evidencia de una mayoría política que una vez más ha validado esta diversidad en las urnas. La reacción es la de siempre: blandir la destrucción de la patria en manos de la alianza entre la izquierda y los nacionalismos periféricos. En otros tiempos infausto de guerra y dictadura se llamaba rojo separatismo. Ahora de nuevo llegan los llamamientos a frenar como sea lo que es un legítimo acuerdo democrático. Se branda la Constitución interpretada de la forma más restrictiva posible, muy lejos del espíritu de la Transición que la engendró.
Si, como parece, la investidura de Pedro Sánchez sale adelante con un gobierno de coalición PSOE-Sumar y el apoyo externo del soberanismo catalán y vasco, PP y Vox lo combatirán en todos los terrenos: desde los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos en que gobiernan, desde la alta judicatura, desde el Senado –que controlan– y desde la caverna mediática. No habrá tregua. Precisamente esta dura alternativa es la que ha hecho posible que cuaje esta mayoría plural, a priori tan difícil de sacar adelante por las enormes distancias que se habían creado a raíz del Proceso.
A Catalunya se le abre la posibilidad de mejorar su autogobierno y el bienestar de la ciudadanía, y de negociar y consultar su futuro político en las urnas.
