El gobierno español comienza en 2025 con deberes pendientes en materia económica. Y para ello necesitará capacidad de diálogo y cintura para conseguir consenso político, pero algunos afectan también a las grandes empresas estatales, y aquí también tendrá que demostrar su capacidad de negociación. Las decisiones económicas que deben tomarse durante los próximos meses serán clave para el futuro de España, y también para el futuro de Catalunya.
Pedro Sánchez comienza en 2025 con unos presupuestos prorrogados desde 2023, y pretende aprobar unos nuevos durante el primer trimestre. Es un reto importante y, si no lo consigue, se enfrentará a una derrota, sobre todo política, que afectará a la imagen del ejecutivo. La negociación para encontrar una nueva senda de estabilidad económica será imprescindible para que se puedan cerrar nuevos presupuestos estatales. Y un punto clave aquí son los objetivos de déficit. Juntos hizo descarrilar la propuesta inicial en el Congreso, porque reclama mayor margen de gasto para las comunidades, o sea, que el déficit pueda estar por encima del 0,1% del PIB. ERC también presiona en la misma dirección. Los objetivos de déficit, deuda y gasto público, cuando estén acordados, deberán aprobarse en un consejo de ministros y, después, en el Congreso y en el Senado.
Otros deberes pendientes son el incremento del sueldo mínimo. Los sindicatos reclaman una subida entre un 5% y un 6%. Y, además, el consejo de ministros debe aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tal y como se ha acordado con los sindicatos mayoritarios, y también deberá llevarse al Congreso. Además, en enero el ejecutivo español también debe reanudar la negociación con los sindicatos para el aumento del sueldo de los funcionarios. Y esto llegará con el problema del concurso de Muface todavía ha abierto: las aseguradoras han renunciado a ello y el actual convenio se sostiene de forma provisional.
Por otra parte, y en una Europa cada vez más convulsa por el belicismo de Putin, cabe recordar que España se ha comprometido a aumentar el gasto militar y, al mismo tiempo, también en materia de vivienda. La crisis de la vivienda es evidente para todos, pero los aliados que necesita el gobierno español para encontrar una solución tienen recetas distintas. Será difícil hacer casar los intereses de Junts, PNV, ERC y Podemos, por ejemplo. El gobierno de Sánchez tiene previsto anunciar nuevas medidas sobre la vivienda este mismo enero, y todavía tiene pendiente la regulación del alquiler de temporada, que cada vez acapara una mayor parte de los pisos destinados al alquiler en las grandes ciudades.
La economía, es innegable, es clave para la viabilidad de un estado, y también para el futuro de una opción política, tal y como se demostró por ejemplo en las últimas elecciones estadounidenses, en las que va ser decisiva para la victoria de Donald Trump. Afecta al día a día de los ciudadanos –no olvidemos que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los barceloneses, por ejemplo– y sus expectativas de futuro.
