El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado este viernes, aprovechando la conferencia de presidentes, el pistoletazo de salida al que será sin duda una de las grandes batallas del próximo año: la de la financiación autonómica. Recordamos que España lleva una década con su sistema caducado. Desde entonces ningún gobierno se ha atrevido a proponer un modelo alternativo, aunque sobre el papel todas las autonomías critican al actual, que data del acuerdo entre el conseller Antoni Castells y la ministra Elena Salgado de 2009, que había de ser revisado a los cinco años. Como ha ocurrido siempre, ha tenido que ser Catalunya la que tire del carro y ponga propuestas sobre la mesa. En ese caso, las coordenadas de la batalla se basan en dos acuerdos de los socialistas con ERC. El primero es producto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y marca que el Estado debe hacerse cargo del 20% de la deuda de la Generalitat. El segundo forma parte del pacto de investidura de Salvador Illa, y fija que Cataluña deberá recaudar todos los impuestos (empezando por el IRPF del ejercicio 2025) y que la solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad.
Una vez oídos todos los presidentes autonómicos del PP, es evidente que la oposición a la implantación de este nuevo sistema será feroz. Incluso una medida tanto de sentido común como la condonación de la deuda autonómica, que es producto de la infrafinanciación que sufren territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, tiene la oposición del PP y en especial de la presidenta madrileña , Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha podido comprobar de primera mano en Santander que Ayuso es quien marca la pauta en el PP y que no habrá ninguna concesión. En este sentido, Isla se enfrenta a una aparente contradicción. Por un lado, declara que no quiere entrar en el choque y que él es partidario del diálogo y la colaboración con el resto de territorios. Y por otra, ve que no tiene más remedio que entrar en el cuerpo a cuerpo con Ayuso si quiere ganar esta batalla política.
Y es cierto que el discurso de Ayuso parte de premisas falsas. La primera es que ella denuncia un supuesto trato de favor en Catalunya, cuando en realidad es Madrid quien se beneficia del efecto capital y está absorbiendo actividad económica de los territorios colindantes. Y, en segundo lugar, Madrid está aprovechando esa sobrefinanciación de la que disfruta para bajar impuestos, sobre todo a las rentas más altas, con el objetivo de atraer fortunas de todo el Estado que dejan de tributar en sus territorios por hacerlo en la capital. Por eso Illa habla de "insolidaridad" y de "deslealtad fiscal". Si el resto de presidentes autonómicos miraran por los intereses de sus territorios, lo que deberían hacer es frente común contra Madrid, y no contra Catalunya, que es lo que lamentablemente acabarán haciendo por una cuestión partidista y porque el anticatalanismo da más votos que el antimadrileñismo.
Desde Catalunya, sin embargo, habrá que estar vigilantes para que Pedro Sánchez cumpla lo pactado, por mucho que Ayuso y el PP se rasguen las vestiduras y pongan el grito en el cielo.