La oportuna coincidencia, el mismo día, de dos noticias bastante distintas entre ellas referidas a la realidad escolar catalana nos ayuda a entender la necesidad de cambio del sistema educativo. Un cambio que debe estar fundamentado, basado en datos y reflexionado. Por un lado, el departamento de Educación ha presentado una guía, elaborada por un grupo de expertos, con recomendaciones para introducir el uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas. Por otra parte, la Fundación Bofill ha hecho público un estudio en el que remarca que hay miles de alumnos en riesgo de pobreza –en concreto, más de 75.000– que en la etapa post ESO no reciben becas de estudio y que, por lo tanto, son mucho más proclives al abandono, sobre todo al final del ciclo obligatorio de la ESO. No siguen hacia el bachillerato o la FP.
La tecnología y la igualdad de oportunidades son dos de los elementos clave en el éxito (o fracaso) educativo. La tecnología es imperativa: si es útil, se impone por sí misma. Pero más que a favor o en contra, la cuestión debe ser qué uso –de hecho, qué buen uso– se hace. En ese caso, qué utilidad pedagógica tiene la IA. Por desgracia, ya hemos visto con los móviles qué ocurre cuando se va tarde: la regulación ha tardado bastante y no ha llegado hasta que en muchas aulas y para muchos adolescentes –también para los padres, pero ésta es otra cuestión– ya es se habían convertido en un problema. Pues bien, con la IA parece que se quiere evitar ese retraso en la respuesta. La guía y sugerencias de la conselleria van en esta línea: dar herramientas a los docentes para integrar el uso de las máquinas inteligentes en la realidad cotidiana escolar. El punto de partida es que los alumnos tendrán acceso igualmente desde casa y que, por tanto, mejor empezar a actuar en la escuela para dar criterios y sentido crítico a los chicos y chicas en su uso. Se trata de que maestros y profesores, sin miedo ni prejuicios, cojan el toro por los cuernos, hagan suyas las oportunidades que brinda la IA y al mismo tiempo sean conscientes de los peligros que también comporta. Todo ello, sin alarmismos ni embobamientos. Es una herramienta más y como tal es necesario valorarla y usarla.
En cuanto a la cuestión de las becas de estudios (no las de comedor o transporte) previas a la universidad, es decir, las que afectan a FP y bachillerato, los datos aportados por la Fundación Bofill confirman que Cataluña está a la cola del Estado, una pista más para entender que los problemas van más allá del fracaso de PISA. Y una pista más para entender los elevados índices de abandono escolar. La mayoría de estas becas se gestionan desde el ministerio y se reparten con criterios conjuntos estatales, lo que una vez más perjudica a las familias catalanas porque aquí el nivel de vida es más alto. En el conjunto de los estudios no universitarios, el porcentaje de alumnado catalán becado es del 16,9%, por debajo de la media española (23,4%) y muy inferior al porcentaje de niños y jóvenes en riesgo de pobreza (un 31,7% en 2022). El departamento de Educación catalán lleva tiempo reclamando estas competencias, con el traspaso de dinero asociado: sería la manera más segura –completándolo con más recursos propios– de neutralizar este efecto nocivo.
