UE

La Eurocámara quiere forzar a los estados a mantener una reducción de las emisiones de los coches más estricta

Los eurodiputados apuestan por mantener la rebaja de los límites de contaminación propuestos por Bruselas

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Emergencia a décadas vista

BruselasEl Parlamento Europeo ha votado (329 votos a favor, 230 en contra y 41 abstenciones) aplazar la entrada en vigor del Euro 7, que es un conjunto de rebajas obligatorias de las emisiones contaminantes que lanzan a la atmósfera los vehículos de combustión. De este modo, se han posicionado en la misma línea que los estados miembros, con los que ahora tendrán que negociar el texto final de legislación y los que también apuestan por retrasar la aplicación de esta polémica ley.

Concretamente, el texto acordado por los eurodiputados apuesta por aplazar de 2025 a 2030 la entrada en vigor de la ley Euro 7 para rebajar los máximos de emisiones contaminantes de los coches, y hasta 2031 para los camiones. El Consejo (los estados miembros), en cambio, sólo consensuó retrasarla dos años: en cuanto a los coches, de 2025 a 2027, y en cuanto a los camiones, de 2027 a 2029.

Además, a diferencia de los socios europeos, la Eurocámara quiere mantener en general la rebaja de los límites de emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno, monóxido de carbono o, entre otros, amoníaco. En cambio, los Estados miembros piden que se eliminen las rebajas de los máximos de emisiones permitidos que indica la nueva normativa Euro 7 y se mantengan los del Euro 6, que son mucho más elevados. Es decir, un máximo de 80 miligramos por kilómetro (mg/km) de óxido de nitrógeno (NxOy) para los vehículos diésel y unos 60 mg/km para los de gasolina.

Los eurodiputados también han pedido que sea obligatorio que todos los vehículos cuenten con una suerte de pasaporte ambiental que recoja cuánto combustible consumen, qué estado tienen sus baterías, cuáles son sus límites de emisiones y los resultados de las inspecciones técnicas periódicas. En la misma línea que el Consell, también quieren normativas más estrictas sobre la durabilidad de los vehículos, y sus motores y baterías; así como hacer obligatorios los sistemas de control sobre el exceso de emisiones de los vehículos de combustión.

Una ley polémica

Cuando la Comisión Europea presentó esta propuesta legislativa levantó mucha polvareda. Por un lado, las organizaciones y los partidos socialdemócratas y ecologistas critican que es poco ambiciosa, y más frente a la emergencia climática actual y si realmente se pretende cumplir con los objetivos medioambientales marcados por el propio ejecutivo comunitario. Por otro lado, las formaciones liberales, conservadoras y de extrema derecha y las grandes marcas de fabricantes de coches defienden que la normativa es demasiado estricta y que puede ir en detrimento de la competitividad del sector automovilístico, que es clave para economía de la Unión Europea y ve cómo las industrias de Estados Unidos y China deben hacer frente a menos requisitos climáticos y reciben subvenciones estatales mucho más sustanciales.

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