El miedo a que el resultado de las elecciones europeas del 9 de junio dé aún más alas a la extrema derecha ha sido el factor que ha ayudado in extremis a la aprobación del Pacto Europeo sobre migración y asilo en el Parlamento Europeo. Teniendo en cuenta el fuerte endurecimiento de las condiciones de asilo que supone este acuerdo votado por los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y criticado en bloque por la mayoría de ONG y entidades humanitarias, es preocupante imaginar qué tipo de pacto aún más duro es podría llegar a proponerse. Se ha votado con el seno final de las principales fuerzas centristas –conservadores, liberales y socialdemócratas– pero con la oposición de ambos extremos, tanto la de la izquierda y los verdes como la de la derecha. Lo critican, lógicamente, por razones muy opuestas.
El pacto recoge una serie de reglamentos que establecen, por ejemplo, el proceso de llegada –previo fichaje del migrante con huella dactilar y escaneo facial incluidos– en un espacio algo en el limbo legislativo, ya que hasta que el país no reconoce el derecho de entrada no se considera que la persona esté en territorio europeo y, por tanto, no puede acogerse a sus leyes. Se agiliza también el sistema de retorno rápido de quien no pase el proceso y se fija en que cada año se tendrán que distribuir 30.000 migrantes entre los diferentes países de Europa, si quieren. Los estados pueden eludir esta obligación pagando 20.000 euros por migrante rechazado o contribuyendo de alguna otra forma en el país final de acogida. Es decir, se podrá pagar por no recibir a migrantes no deseados. En cierto modo, se institucionaliza a nivel europeo la externalización de las fronteras a terceros países a cambio de dinero que ya efectúan algunos estados.
El pacto empezó a cocinarse tras la crisis de refugiados de 2015, provocada por la guerra de Siria, que supuso la entrada en Europa de casi un millón de refugiados. Entonces ya se vio que existían diversas sensibilidades sobre el tema y que algunos países, sobre todo los del Este de Europa, no estaban dispuestos a una distribución equitativa y solidaria de los migrantes que huían de la destrucción y la muerte, como relatan las noticias todos los días. La excepción han sido los refugiados de la guerra de Ucrania, que han tenido un estatus especial con acogida rápida y eficaz en muchos países europeos y especialmente en los del Este, que tanto se oponen a acoger a refugiados de otras etnias o religiones. La continuada llegada de migrantes a las fronteras europeas, por tierra o mar, ha ido tensando a los países fronterizos como Grecia, Italia y España, que son los que al final deben asumir la gestión principal de las llegadas.
Este pacto quería crear una normativa única y pactada en todo el territorio de la UE que permitiera unos flujos de llegada claros y controlados, y fomentar la solidaridad entre países. Pero el resultado está muy lejos de sus objetivos iniciales. El progresivo viraje hacia las posiciones más a la derecha de la Unión Europea, que hace años que ha endurecido las condiciones de asilo en general, ha quedado reflejado en el pacto aprobado ayer, que no deja contentos ni a quienes lo han votado. Habrá que ver si conseguirá al menos detener el avance de la extrema derecha, que en todas partes tiene el freno a la inmigración como bandera, o si habrá sido gasolina para atizar aún más el fuego de la xenofobia que recorre el continente.
