La Fiscalía rechaza la ilegalización de EH Bildu que reclaman Ayuso y Vox

La Fiscalía General del Estado corta de raíz los intentos de la derecha de promover la ilegalización de EH Bildu: es una "formación democrática" y, como tal, es totalmente legal. El ministerio público ha emitido un informe en respuesta a la demanda que había presentado la asociación de guardias civiles Jucil para que se iniciaran los trámites para ilegalizar la formación abertzale después de que incluyera en sus listas a condenados de ETA. La Fiscalía argumenta que "la actividad, la legalidad de sus medios y la contabilidad de sus fines con los principios democráticos" hacen de EH Bildu un partido "democrático" y, por lo tanto, rechaza la posibilidad "de instar el proceso de declaración de ilegalidad" aplicando la ley de partidos.

En el escrito, la Fiscalía contradice uno de los relatos que han intensificado el PP y Vox a lo largo de los últimos días: que ETA sigue operando y que está dentro de EH Bildu. "Se hace imprescindible recordar que la banda terrorista ETA se disolvió el mes de octubre de 2011 –ya hace casi doce años– y, por consiguiente, es desde esta perspectiva actual que se tienen que valorar todas las circunstancias concurrentes", escriben la fiscal de sala en jefe de la secretaría técnica, Ana García León, y el fiscal de sala de la sección del contencioso-administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez. Pocas horas antes de que se hiciera público el informe, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había vuelto a insistir en la idea de que ETA "está viva" porque "vive del poder, del dinero" del Estado, "mina las instituciones y quiere destruir España". Y, en un desayuno informativo de Europa Press, había añadido: "Bildu no son herederos de ETA, es ETA".

Ayuso contradice a Feijóo

Ahora bien, las palabras de Ayuso las ha evitado suscribir la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. La portavoz en el Congreso ha insistido que hay 379 asesinatos pendientes de resolver y ha girado la tortilla para pedir al PSOE que rompa sus pactos con EH Bildu. La divergencia entre la dirección popular y Ayuso es evidente y este jueves se ha hecho patente cuando la presidenta madrileña ha defendido activar el artículo 11 de la ley de partidos –que permite iniciar los procesos para revisar la legalidad de una formación política– para "revisar" si EH Bildu cumple con la legalidad. Un artículo, precisamente, que la Fiscalía ha rechazado que se pueda aplicar en el caso de la formación abertzale.

La dirección del PP ya había dado este miércoles por muerta la vía de la ilegalización porque consideraban que con la ley de partidos en la mano no se podía hacer –y tampoco se plantean cambiarla–. Ayuso considera, en cambio, que el PP al menos lo debería "intentar". Gamarra no ha dado señales de que el partido quiera abrir esta vía y ha subrayado que los servicios jurídicos de la formación reconocen que "no se incurriría en este supuesto"; es decir, que EH Bildu es una formación legal.

El PP había insistido hasta ahora en que el gobierno español instara a la Abogacía del Estado o a la Fiscalía a pronunciarse para tener en cuenta el posicionamiento de organismos oficiales. Pues bien, el ministerio público ya lo ha hecho y ha contradicho las peticiones de Ayuso y también de Vox, que quiere llevar la ilegalización de EH Bildu al Congreso. Descartada la ilegalización –tal como ya había hecho, por otro lado, el Tribunal Constitucional en 2014–, la dirección de Alberto Núñez Feijóo sí que quiere explorar otras vías para dejar fuera de cualquier lista a condenados por terrorismo, aunque hayan cumplido su condena. La vía que están estudiando es la de la modificación de la Loreg para modificar los supuestos de inelegibilidad y añadir, por ejemplo, que no sean elegibles condenados de ETA que no hayan mostrado arrepentimiento.