Una investigación muy interesante de la doctora en historia y arqueología de la Universidad Complutense de Madrid Miriam Saqqa, publicada en el libro Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), saca a relucir abundante documentación sobre los recursos que el régimen de Franco dedicó a exhumar fosas de víctimas de su bando como parte de toda una política propagandística que pretendía imponer un relato concreto de la Guerra Civil. "La sangre de quienes cayeron por la patria no consiente ni el olvido, ni la esterilidad ni la traición", decía el dictador el 1 de abril de 1942. Saqqa explica cómo todo el proceso se dirigió desde la justicia como parte de la causa general contra los desafectos al régimen –con fiscales y secretarios judiciales ad hoc que tenían sueldos muy elevados para la época–, pero que el Estado sólo se hizo cargo de los gastos de las exhumaciones cuando afectaban a militares, que automáticamente pasaban a tener la consideración de "mártires". Evidentemente, de los muertos del bando republicano nunca quisieron saber nada porque el objetivo era borrarlos de la historia.
La investigación demuestra que todo ello no se concibió como una acción humanitaria de cara a las familias de los afectados, sino como una operación de propaganda. Franco hizo un uso político de las víctimas de su bando, creando cementerios específicos como el de Paracuellos y erigiendo cruces conmemorativas, pero en muchos casos las víctimas no fueron identificadas correctamente. En realidad, las investigaciones sobre las víctimas también sirvieron para encausar y condenar a personas que fueron acusadas de ser los responsables de las muertes en juicios sin las más mínimas garantías procesales.
La lectura del libro resalta aún más la hipocresía de la derecha cuando afirma que no es necesario remover las heridas del pasado ni invertir en la exhumación de víctimas republicanas, porque la realidad es que Franco sí exhumó las suyas víctimas, mientras que la democracia todavía no lo ha hecho. Es más, muchos de los avances en este campo que se habían conseguido en los últimos años están ahora en peligro por la derogación de leyes de memoria histórica en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. Sin embargo, este miércoles se ha producido la primera fractura grave entre el PP y Vox en esta materia: los populares de Castilla y León han votado en contra de la mal llamada ley de concordia patrocinada por la extrema derecha. Ahora habrá que ver si todo el PP, y especialmente Alberto Núñez Feijóo, siguen esta estela y se desmarcan de Vox o no. Lamentablemente, no parece que los populares valencianos y baleares estén en esta línea, ya que todavía esperan convencer a Vox para que les apruebe los presupuestos.
Una verdadera concordia debería pasar por la restitución de todas las víctimas de la Guerra Civil, su identificación y exhumación, y por la denuncia de los crímenes de la dictadura, sobre todo en la inmediata posguerra. Cualquier demócrata debería compartir ese principio tan básico.
