El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho este martes lo único que se puede hacer ante el desaguisado en el que se ha convertido el servicio de Cercanías: pedir disculpas a la ciudadanía y prometer que pondrá todos los recursos disponibles a solucionarlo. Este primer gesto de humildad ya es más que el que hizo la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso, en el que casi riñó a los catalanes por quejarse. Aún así, la situación es de tal gravedad que pide mucho más que unas disculpas o planes inconcretos de mejora en el futuro.
El presidente Illa no debería pedir disculpas por la responsabilidad de su ejecutivo, que al fin y al cabo está gestionando una crisis que ya viene de lejos, sino más bien en nombre del partido socialista, que ha gobernado España durante más años que el PP y que es, por tanto, responsable directo de la desinversión que ha sufrido el servicio en las últimas. Se echa de menos, por ejemplo, valentía a la hora de decir con claridad que la obsesión de los gobiernos españoles por el AVE, una especie de populismo ferroviario que ha salido muy caro, es lo que ha provocado la situación actual de Cercanías en Catalunya. En segundo lugar, el presidente también debería mostrarse más combativo con Renfe y Adif, ya que representa a todos los catalanes que son víctimas de las deficiencias del servicio. Y, en tercer lugar, es necesario tomar medidas inmediatas para aliviar los problemas que están provocando las obras.
En este sentido, la propuesta de mantener la gratuidad de Cercanías mientras dure la situación de excepcionalidad actual, en la que un 24% de los trenes no funcionan y se registran una treintena de incidencias diarias, parece de sentido común. Y aquí Salvador Illa debería convencer a Pedro Sánchez para que mantenga las ayudas. No se entendería que, en la situación de caos actual, a partir del mes de julio se obligara a los usuarios a pagar por un servicio deficiente. También es absolutamente necesario que funcione el plan de choque para mejorar la comunicación al usuario y que haya mayor agilidad para ofrecer alternativas en caso de averías o cortes.
En cuanto al debate político, todo el mundo debería haber tenido una actitud más constructiva, puesto que se trata de una crisis de país. Es comprensible que Junts quiera desgastar al Govern, pero también es cierto que quizás no era el mejor momento después de que se haya sabido que ha colocado a un exdiputado en el consejo de administración de Renfe. PP y Vox, como era de esperar, cargaron contra el traspaso en lugar de asumir que quizá si el servicio de Cercanías de Renfe hubiera funcionado bien todos estos años la demanda del traspaso no sería tan compartida por la sociedad catalana. Y que en todo caso es una muestra del déficit de inversión en infraestructuras que llevan años denunciando las organizaciones empresariales del país.
Sería bueno que el PSC, Junts, ERC y los comunes fueran de la mano a Madrid para hacer frente común y explicar que la situación no es comparable con la de cualquier otro lugar del Estado, y que no es un capricho de los catalanes. Lamentablemente, no parece que esto sea posible por ahora.
