Por qué se han elegido las desalinizadoras móviles
¿Buques? ¿Interconexiones de redes? Ni una ni otra. Desalinizadoras móviles. Ésta es la opción por la que ha optado el Gobierno ante la persistencia de la sequía y la proximidad del verano. La primavera ha parado el golpe, pero no está sirviendo para remontar la escasez de reservas en los pantanos. La solución adoptada por el ejecutivo responde a una combinación de argumentos. Los hay técnicos, pero también políticos.
En este segundo caso, resulta evidente que, con unas elecciones en la esquina, tanto los barcos como las interconexiones eran opciones conflictivas. En el caso de los barcos, suponían traer agua de fuera de Catalunya –en concreto, de Sagunto– y hacerlo con la ayuda del Estado. De hecho, se había llegado a un acuerdo en ese sentido, ahora descartado. Tanto la foto como el mérito que podía apuntarse la Moncloa resultaban incómodos. En el caso de la interconexión entre la cuenca del Ebro y las cuencas internas –por más que se limitara el posible caudal intercambiable–, habría supuesto despertar de nuevo el agravio y movilizaciones del sur. Ambas eran opciones plausibles y viables, más fácil y rápida la de los barcos, claro. Y más lenta y pensada en el largo plazo la interconexión, defendida por el Observatorio Intercolegial del Agua, comisión integrada por los colegios profesionales de los ingenieros de caminos, canales y puertos; los ingenieros agrónomos; los industriales, y los economistas.
Las desalinizadoras móviles son una tercera vía. ¿Cuáles son sus bondades? Combina el medio y el corto plazo; evita depender de territorios y administraciones externas; y evita también la conflictividad interna. Por lo que respecta al coste (110 millones de inversión, funcionamiento aparte), es claramente superior al de los barcos, aunque inferior en relación al precio por litro de agua; y es claramente inferior al de la interconexión (275 millones de inversión sin IVA ni expropiaciones de terrenos). Las desalinizadoras móviles, por su parte, tienen una vida útil de cinco años, el tiempo previsto para que entren en funcionamiento las fijas de la Tordera II (en Blanes) y del Foix (en Cubelles), financiadas a través de fondos europeos.
A partir de esta conjunción político-técnica, el ejecutivo catalán pondrá una desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona que producirá una cantidad de agua potable equivalente al 6% del consumo de agua del área metropolitana de Barcelona y que entrará en funcionamiento en caso de que el sistema Ter-Llobregat pase a la fase 2 de emergencia, un escenario que el ejecutivo no contempla hasta pasado el verano. Y en el Alt Empordà, la comarca que tiene más restricciones y que sufre más riesgode quedarse sin agua, se instalarán doce desalinizadoras móviles para abastecer a una docena de municipios a partir de junio.
Es evidente que mucha de esta agua servirá tanto para los residentes habituales como para los turistas: no en vano, tanto Barcelona como el Alt Empordà son zonas de alta presión turística. Tendría sentido que, más allá de que los tramos del contador de agua ya suponen un mayor precio a los consumos más fuertes, también se introdujera algún tipo de tasa turística relacionada con el agua para establecimientos hoteleros, campings y pisos turísticos.
