Por muy multitudinarias y disruptivas que fueran, aunque consiguieran bloquear una infraestructura crítica como el aeropuerto de Barcelona y que llegaran a desbordar a los cuerpos policiales, cualquier observador externo lo tendrá claro: las protestas convocadas por Tsunami Democrático nunca fueron terrorismo. El DIEC es diáfano. Dice que terrorismo es un "movimiento político que utiliza el terror basado en la violencia como herramienta de presión". Que el Código Penal español y las interpretaciones que realizan algunos jueces se hayan retorcido hasta el extremo de desdibujar los límites jurídicos del término terrorismo no cambia su realidad, ni su semántica. Si alguien duda, el nivel de alerta antiterrorista en España puede servir de prueba del algodón: antes de las protestas del 2019 estaba en el nivel 4 sobre 5, durante las protestas continuó en el mismo sitio y luego tampoco cambió. Las amenazas terroristas reales provienen del yihadismo y de la ultraderecha, y poner a Tsunami Democrático a su nivel es grotesco a ojos de cualquier ciudadano de un país occidental.
Pero el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga a doce personas por terrorismo a raíz del caso Tsunami Democrático. Y el resultado es que la mayoría se han visto abocadas al exilio. El empresario Josep Campmajó, el periodista Jesús Rodríguez, el directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el diputado republicano Ruben Wagensberg se han marchado en los últimos meses para evitar el trato judicial injusto que ya han sufrido otros implicados en el Proceso y que les ha llevado a pasar años entre rejas. La secretaria general de ERC, Marta Rovira; el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el activista Jaume Cabaní ya se habían exiliado años antes. El caso de Rodríguez, en Suiza desde finales del pasado año, es especialmente grave para la situación del derecho a la información: el periodista se ha significado para publicar durante años noticias e investigaciones sobre irregularidades policiales y judiciales. Es uno de los reporteros de La Directa que destaparon cuatro topos de la Policía Nacional en diferentes movimientos sociales e independentistas en Barcelona, Gerona y Valencia.
Que activistas, políticos y periodistas deban exiliarse por la investigación judicial de protestas pacíficas demuestra que el sistema falla, que la separación de poderes, como mínimo, está agrietada. La persecución de Tsunami Democrático por terrorismo en la Audiencia Nacional deja claro que, mientras algunos sectores de la política institucional española han hecho avances para abordar el soberanismo catalán –como demuestra la ley de amnistía–, al menos una parte del poder judicial sigue atascado en la voluntad revanchista de reprimir el independentismo con toda la dureza posible. Este sector de la justicia que actúa con afán castigador, que parece creerse el estandarte de la unidad de la patria, es un obstáculo para el diálogo. En la práctica, perjudica lo que se cree que defiende porque sólo acentúa la polarización y la distancia respecto a España de cualquiera que tenga sensibilidad soberanista en Catalunya.
