El Congreso de Diputados ha tumbado este miércoles con los votos del PP, Vox y Junts la reforma de la ley de extranjería, que pretendía convertir en obligatorio el traslado de menores migrantes a la Península cuando territorios saturados, como es el caso actualmente de las Islas Canarias y Ceuta, sobrepasen el 150% de su capacidad de acogida. Se da la paradoja de que los gobiernos canario y ceutí, en los que se encuentra el PP, son los que llevan reclamando desde hace tiempo que se apruebe esta modificación para agilizar el proceso de reparto de menores, que ahora es lento y pesado. El PP, pues, ha votado contra los intereses de dos de sus gobiernos autonómicos, dejando en una mala situación a los populares de estos territorios. La razón debemos buscarla seguramente en la presión que ejerce Vox, que ya ha salido de los gobiernos autonómicos por esta cuestión y, una vez la agenda catalana ha pasado a un segundo plano, está centrando todos sus mensajes en torno a la cuestión de la inmigración.
En el caso de Junts la excusa que ha dado su portavoz es que actualmente el partido de Puigdemont y el PSOE están negociando la cesión de las políticas sobre acogida, y por tanto no tiene sentido aprobar una ley que obligaría a Catalunya a acoger a menores migrantes desde territorios saturados. Pero también es difícil no ver detrás de esta decisión la presión que ejerce sobre Junts la formación xenófoba Aliança Catalana, que ya entró en el Parlament el 12 de mayo con dos diputados ya la que la encuesta del CEO da perspectivas de crecimiento.
El caso es que en esta reforma no se estaba abordando la política inmigratoria en su conjunto, sino un simple mecanismo de solidaridad interterritorial que debe evitar que territorios como Canarias vivan con una situación de sobresaturación constante. Es injusto que territorios como el archipiélago canario, o en el ámbito europeo las costas italianas y las griegas, deban hacer frente en solitario a esta situación a causa de su situación geográfica. Europa en su conjunto debe ser solidaria –como lo ha sido en la acogida de población ucraniana– con estos migrantes de origen africano.
Ante esta situación lo que estamos viendo es un endurecimiento de las posiciones de las formaciones conservadoras tradicionales (PP y Junts en este caso), asustadas por el crecimiento de la extrema derecha, y una incapacidad desde la izquierda por encontrar un equilibrio óptimo entre el respeto a los derechos humanos y la necesaria integración social y laboral de los recién llegados. Pero lo que resulta frustrante es que todo el debate se aborde siempre con el retrovisor mirando hacia los intereses electorales, y que no sea posible ni siquiera llegar a un acuerdo para ayudar a territorios con problemas.
De todos modos, y viendo el resultado de las votaciones de este martes, no es nada descartable que los ciudadanos sean llamados a las urnas pronto. Y esto los partidos lo saben y lo tienen muy en cuenta.
