Contra el inmovilismo en los concursos públicos
La figura del concurso público es por naturaleza controvertida. La administración tiene que contratar a un privado para la prestación de un servicio y el solo hecho de elegir a uno entre muchos a partir de unas condiciones que, en principio, todos cumplen, no siempre es fácil. Por lo tanto, que los concursos públicos acaben en denuncia no es deseable pero es habitual. Ahora bien, cuando a lo largo de los años todos los grandes contratos de una administración en una tipología de servicio concreta han sido denunciados o incluso han recibido algún tipo de requerimiento de un organismo de control, la sospecha de mala praxis aparece en escena. Y, si el conflicto, la denuncia o el requerimiento se refieren repetidamente a una falta de concurrencia, a unos obstáculos a la libre competencia, la sospecha coge consistencia. Es lo que ha pasado con los contratos de transporte en autobús del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), tal como explicábamos en una amplia información en la edición en papel de este domingo.
El horquilla del valor de los contratos es amplia, entre los 1.000 millones de euros del más alto y los 1,7 millones del más bajo, pero casi todos acaban en litigios o requerimientos, lo que demuestra que no depende de la cantidad que se considere mala praxis. La casuística se mueve entre el establecimiento de unas condiciones que complican el concurso de nuevas empresas y la creación de UTE posteriormente en el concurso como pactos de no agresión entre concurrentes. Incluso hay situaciones de juez y parte, como en el caso de Transports Ciutat Condal, que ha explotado durante 20 años el Aerobús estando participada por Moventis y TMB, que a su vez es propiedad al 100% del AMB.
Todas estas circunstancias provocan baja concurrencia y, por lo tanto, precios más altos de lo que tendrían que ser. Un sobrecoste que, obviamente, va a cargo de la administración y acaba repercutiendo en los ciudadanos (títulos de transporte aparte). Otra derivada de la situación es la provisionalidad por las muchas prórrogas de concesiones que se tienen que ir declarando porque los concursos han sido denunciados y las causas se mantienen abiertas.
Ante la situación, y ante los requerimientos de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), el AMB admite que hay desajustes y explica que adaptarse a la nueva ley de contratación vigente desde 2017 (cinco años) les está costando y que hay que tener en cuenta también la fuerte oposición al cambio de trabajadores y sindicatos. La entidad promete que la litigiosidad bajará porque están evolucionando.
No solo hay que esperarlo, sino que hay que exigirlo, porque es imprescindible la máxima transparencia en los contratos y en la gestión del dinero público, y porque el buen gobierno no puede utilizar el inmovilismo o la dejadez como justificación. Ni mucho menos puede usar el aval, aunque sea por pasiva, en este tipo de "arquitectura concursal" lampedusiana que permite que los ganadores siempre sean los mismos. Las administraciones tendrían que ser, igualmente, las primeras interesadas en trabajar para evitar estas situaciones y en explicarlas. De lo contrario, estarán validando una estrategia de chantaje funcional que no les beneficia a ellas ni a sus administrados.
