La "libertad" de Milei para arrogarse todo el poder

La ley ómnibus que pretende aprobar el presidente de Argentina, Javier Milei, lleva por título "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos". Esta libertad implica suprimir parte de los derechos y libertades de los ciudadanos y asumir algunas de las prerrogativas legislativas que le harían contrapoder. Todo ello quiere hacerlo a través de un proyecto de ley que ante todo pide la declaración de un estado de emergencia pública y económica que se extendería hasta diciembre del 2025, prorrogable dos años más. Es decir, Milei pide al Parlament que renuncie a parte de sus poderes y le dé el control del país para, dice, "asegurar el correcto funcionamiento de la economía de mercado". La ley, que tiene 664 artículos, es muy amplia e incluye desde una reforma de la ley electoral, la privatización de 41 empresas públicas o la centralización de competencias hasta elementos tan concretos como el color de la toga que tendrán que vestir los jueces a partir de ahora. Entre las medidas más polémicas se encuentra la prohibición o limitación de las protestas sindicales, hasta el punto de que deberá solicitarse permiso para concentrarse en la vía pública si hay más de tres personas. Esto se complementa con otra serie de medidas que dan más poderes a los trabajadores públicos, incluida por supuesto la policía, que aumenta su capacidad de reprimir las protestas o castigar más duramente el desacato a la autoridad. También exime de pagar impuestos a las personas que declaren ahora menos de 100.000 dólares y ofrece bonificaciones fiscales a quienes hagan aflorar más.

El proyecto de ley, que se suma al macrocreto de hace unos días que entra en vigor hoy, deberá enfriarse en el Parlament, que lo estudiará en diferentes comisiones con la intención del gobierno de que se pueda votar el 25 de enero. Los sindicatos han convocado una huelga general de medio día el 24, pero ésta puede ser la última oportunidad de protesta que tengan a partir de ahora si Milei logra aprobar las medidas. No está claro si este macroproyecto es iniciativa exclusiva de La Llibertat Avança, su partido, que no tiene mayoría en las dos cámaras, o si se ha pactado antes con sus aliados de centroderecha, Junts pel Canvi, que lidera el expresidente Mauricio Macri. Si así fuera, Argentina podría entrar en un período de incertidumbre que puede destruir por completo el actual estado de derecho del país.

Es verdad que a Milei le votaron el 56% de los argentinos y, por tanto, tiene derecho a impulsar sus reformas. Pero éstas son tan radicales que más que recortar con una motosierra parece que lo que pretenda es directamente dinamitar a la administración estatal. Ganar unas elecciones no significa tener derecho a destruir por completo la arquitectura constitucional de un país. Un 44% de sus ciudadanos no le votaron, y lo que pretende Milei con estas leyes es que éstos ni siquiera tengan derecho a protestar o decir su opinión. Si lo logra, será un pésimo antecedente que puede hacer que otros líderes de ultraderecha de su cuerda también se atrevan a destrozar la democracia desde dentro. Y eso ya sabemos que suele acabar mal: con toda la libertad para los líderes autoritarios y los de su cuerda para hacer lo que quieran, y apenas ninguna libertad para los ciudadanos que se oponen.