La lucha de procuradores y abogados con pensiones de 350 €

BarcelonaJaume Galí atiende a la llamada del ARA entre idas y venidas al juzgado. Tiene 66 años, en febrero cumplirá 67 y, aunque ya podría jubilarse, no lo hará. El porqué es complejo y, como su trabajo, tiene mucho que ver con normativas y letras pequeñas. Si este procurador decidiera empezar a cobrar la pensión, calcula que sería sólo de unos "350 o 400 euros" al mes. Es uno de los miles de profesionales de este colectivo –que también incluye a los abogados– que desde hace meses denuncian el callejón sin salida en el que se han encontrado al final de su carrera laboral y después de más de cuatro décadas cotizando.

Para explicar el caso de Galí y el resto, primero debemos dar marcha atrás en el tiempo. Hasta el año 1995, los abogados y procuradores que querían ejercer debían estar dados de alta obligatoriamente en una mutualidad. Así, en lugar de cotizar a través del régimen de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social, lo que hacían era aportar dinero a un fondo común. De esta bolsa de las mutualidades salían sus pensiones cuando se jubilaban y también les garantizaba determinadas coberturas sociales en casos como una incapacidad temporal. "Se nos vendió que era la panacea porque pagábamos menos que en la Seguridad Social y se nos decía que tendríamos una pensión superior", recuerda Galí.

El lío empezó cuando este modelo se ofreció como una alternativa, ya no como un requisito indispensable para poder ejercer. Por el camino hubo otro cambio normativo, que tenía un plazo de aplicación de diez años: en lugar de funcionar como un bote común, las mutualidades debían reconvertirse a un sistema individualizado. Es decir, cada abogado y procurador haría aportaciones mensuales que determinarían su pensión de jubilación dependiendo de las cantidades pagadas. Aún así, también podían elegir entre dejar de ser mutualistas y dar el paso al RETA o combinar las dos fórmulas.

Protesta en las redes

Los afectados contactados por el ARA coinciden en que, en este punto, la comunicación de las entidades fue "opaca" y que no contaron con suficiente información. "No se explicaron los efectos que tendría a largo plazo", critica. Este procurador denuncia que tampoco recibió la parte proporcional del dinero destinado en los años anteriores, cuando todavía operaba de forma colectiva. Esta situación ha explotado precisamente ahora –con una ola de quejas en las redes sociales a través del Movimiento J2, como se hace llamar el colectivo– porque es cuando estos abogados y procuradores se han puesto a hacer los números para jubilarse. "Hoy por hoy no puedo jubilarme. Esperaré al menos hasta que mi mujer empiece a cobrar la pensión, porque al menos estos ingresos nos darán una mínima independencia", comenta Galí.

La situación que está intentando evitar es la que ya vive ahora Ricard Casas, también procurador y que después de más de cuatro décadas ejerciendo cobra una pensión vitalicia de 330 euros al mes. "Ahora soy un mantenido de la pensión de mi mujer y tengo que ir vendiendo patrimonio para subsistir. No me llega para pagar el seguro médico ni mucho menos el del coche", lamenta. Considera que todo se trata de un "engaño" y lamenta que esta incertidumbre por las pensiones está obligando a algunos profesionales a "arrastrarse con la toga por los juzgados" a una edad avanzada.

En el caso de Pilar Mampel, otra procuradora que desde hace dos años cobra una pensión de unos 350 euros, la cifra no fue una "sorpresa". "La mutualidad es algo obsoleta hoy en día, pero era una época de vacas gordas y nadie se fijó en ella; no luchamos en su momento y ahora lo que muchos quisieran es que su dinero pase al RETA", apunta. De hecho, la principal petición del Movimiento J2 es que el gobierno español habilite una "pasarela" al régimen de autónomos de la Seguridad Social que permita a estos mutualistas cobrar al menos la pensión contributiva mínima.

¿Qué dicen las mutuas?

Rafael Navas, presidente de la Mutualidad de la Abogacía, una de las principales entidades señaladas, lo tiene claro: "La pensión depende de lo que realmente has aportado, nosotros establecemos la cuota mínima y tú decides cómo te llevas después el dinero". En este sentido, defiende que mensualidades de 300 o 400 euros "hay algunas", pero dice que no son ni mucho menos la mayoría. "Hay mutualistas con 1.000 o 1.500 euros de pensión porque decidieron ahorrar para tener ese capital en un futuro", rebate. Navas asegura que estaría de acuerdo con aprobar esta "pasarela al RETA" –siempre que no perjudique a los que se queden–, pero insiste en que por ahora no es posible legalmente.

Por su parte, el director de la mutualidad Alter Mutua, David Gabarró, explica que en su caso solo existe un "grupo muy reducido" de afectados que han protestado por esta situación. "Nosotros vamos informando cada año de las aportaciones que se han hecho y desde la página web puedes ver el saldo del capital que obtendrás en la jubilación", añade.