Una madre acepta dos años de cárcel por la ablación de su hija cuando tenía año y medio
Llega a un acuerdo con la Fiscalía para mantener la patria potestad de la niña
![El edificio de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo](https://static1.ara.cat/clip/c75e8a0e-be3c-4bdc-a551-86f7fae2f3c3_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
BarcelonaSolo tenía un año y seis meses cuando viajó con sus padres y su hermana (en total son tres hermanos) a su país de origen, Gambia, para visitar a unos familiares. Al cabo de unos días, los padres y la hermana tomaron un vuelo de nuevo hacia Barcelona, pero ella se quedó allí a cargo de su abuela materna. Según el fiscal que ha llevado el caso, cuando los padres ya volvían a estar en Catalunya enviaron un mensaje a un familiar, aún de identidad desconocida, para pedirle que le practicara a su hija la mutilación genital femenina. Le hizo la ablación de grado tres, conocida como la circuncisión faraónica: se basa en la extirpación total del clítoris y de los labios mayores y menores, dejando solo una abertura estrecha para orinar. Se realizó de forma clandestina y fuera de un centro sanitario. En el 2021, seis años más tarde, un pediatra de Rubí descubrió durante una inspección que la niña, que ya tenía casi ocho años, había sido víctima de la ablación y avisó a los Mossos d'Esquadra.
Así empezó este proceso judicial que ha terminado este martes en la Audiencia Nacional, cuando la madre de la niña ha aceptado una pena de prisión de dos años por estos hechos. La defensa de la familia acusada ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que en su escrito, al que ha tenido acceso el ARA, pide suspender la pena de prisión y mantener una indemnización de 60.000 euros que la madre debe pagar a la hija. El ministerio público retiró la acusación contra el padre, que pudo demostrar que, a pesar de vivir en el mismo núcleo familiar, nunca participó en las tareas de cuidado de la niña y no pudo ver que le habían practicado la ablación. Sea como sea, el acuerdo de conformidad entre las partes rebaja de diez a dos años las penas de prisión y también elimina la retirada de la patria potestad de la hija. Los padres, pues, mantendrán su custodia.
En 2015, cuando toda la familia viajó a Gambia, los servicios sociales de Rubí ya hacían un seguimiento de su caso y pidieron a los padres que firmaran un documento comprometiéndose a no realizar la mutilación genital a ninguna de sus hijas menores antes de viajar a Gambia. Sin embargo, los padres solo firmaron uno de los dos documentos. Este compromiso lo creó la asociación Wassu, dirigida por la antropóloga Adriana Kaplan: "El papel dice que si tocas a la chica tienes que ir a la cárcel, y los padres deben firmarlo. Los padres nunca pueden cuestionar la autoridad de los mayores (que imponen la ablación), pero si allí enseñan ese papel demuestran que no lo están cuestionando ellos, sino el país en el que ahora viven", resume. En este caso, el mecanismo del documento firmado no funcionó.
El escrito de la Fiscalía también recoge que dos médicos forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Barcelona examinaron a la menor en presencia de su madre para identificar las lesiones sufridas. Para los forenses, las lesiones podrían acarrear múltiples complicaciones a corto plazo, como dolor intenso, infecciones, hemorragias y lesiones de órganos. Sin embargo, a medio y largo plazo la menor podría sufrir infecciones genitourinarias recurrentes; tendencia a la litiasis, obstrucciones del tracto urinario, incontinencia urinaria y fístulas genitourinarias; enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, dismenorrea (dolor menstrual intenso), aumento de la vulnerabilidad frente a infecciones de transmisión sexual; retención del sangrado menstrual en la vagina; coitos dolorosos, ausencia de capacidad para excitarse sexualmente y tener orgasmos; y fobia sexual por aversión al sexo.
En Catalunya viven casi 6.500 niñas de menos de 14 años que vienen de países donde se practica la ablación. Se considera que esta es la población que potencialmente podría estar en riesgo.