El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) publicará este jueves la aprobación definitiva de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona después de que no se haya podido conformar una mayoría para desbancar a Jaume Collboni a través de una moción de censura. Se trata de un mecanismo excepcional, que se puede utilizar dos veces en cada mandato, y que ya se ha vuelto bastante habitual en el Ayuntamiento de Barcelona desde que desaparecieron los gobiernos con mayorías absolutas. De hecho, hasta ahora lo han utilizado alcaldes de tres partidos distintos: primero fue Xavier Trias, de CiU; después, Ada Colau, de los comunes, y ahora Jaume Collboni, del PSC. Lo interesante es que este mecanismo está pensado para favorecer la gobernanza e impedir los bloqueos a los que a menudo se ven abocadas las instituciones debido a la fragmentación política y los vetos cruzados. En todo caso, se esté o no de acuerdo con las políticas concretas del alcalde de turno, quien acaba beneficiándose de ello es la ciudadanía, que ve que la circulación de dinero público no se estrangula por falta de acuerdo entre políticos.
Es inevitable pensar que si en el Parlament hubiera existido este mecanismo, el presidente, Pere Aragonès, no se habría visto obligado a convocar elecciones anticipadas después del voto contrario de los comunes a las cuentas porque hubiera podido aprobar sus presupuestos, ya que no había ninguna mayoría operativa para desbancarle. Y también es cierto que Pedro Sánchez no se habría visto obligado a prorrogar a los del 2023 para el 2024 a causa de estas mismas elecciones. Sin embargo, desde el punto de vista catalán, este mecanismo tiene una contraindicación importante en el Congreso de Diputados, y es que reduciría la capacidad de los partidos soberanistas de negociar con el gobierno central concesiones para Cataluña. Esto es un problema porque en la práctica estas negociaciones parlamentarias han sido históricamente la única vía para conseguir recursos y realizar avances en el autogobierno.
Sin embargo, la experiencia que se ha vivido en el Parlament, donde el tacticismo ha prevalecido a menudo por encima del interés general, demuestra que vale la pena plantear el debate sobre qué margen deben tener los ejecutivos para funcionar más allá de las turbulencias políticas, puesto que, nos guste o no, los presupuestos son una palanca necesaria para el funcionamiento ordinario no sólo de la administración y los servicios públicos, sino de la economía en general. Apuestas estratégicas a largo plazo de país como la inversión en centros de investigación o las universidades deberían quedar fuera del pim-pam-pum político y salir adelante sin obstáculos. Es responsabilidad de los políticos, dada la incapacidad para formar mayorías estables de los últimos tiempos, encontrar fórmulas que minimicen los efectos negativos para la sociedad. Es necesario buscar un equilibrio entre el derecho a la representación política y el funcionamiento del sector público, del que depende el futuro de miles de personas y es clave para aprovechar oportunidades en un mundo tan competitivo como el actual.
