Los policías: la mitad de los amnistiados medio año después de la aprobación de la ley

BarcelonaHasta 45 agentes de la Guardia Civil de una manchada eran amnistiados el pasado 15 de octubre. Los beneficiados por la aplicación en bloque de la ley de amnistía eran los antidisturbios que cargaron sin contemplaciones contra los vecinos de Dosrius que defendían la escuela el 1-O. Los afectados llegaron a presentar 27 denuncias por lesiones, daños y atentado de la autoridad, pero todas fueron archivadas. Los vecinos agredidos, entre ellos el entonces alcalde, Marc Bosch, que también fue amnistiado, presentaron recurso contra la amnistía. También lo ha hecho Òmnium, que se había personado en la causa.

Esta absolución explica que, medio año después de la aprobación de la ley de amnistía, los policías representen a la mitad de los amnistiados, según revela un informe de Alerta Solidaria. Del total de 193 personas amnistiadas, la mitad (96) son policías, mientras que 84 son activistas o manifestantes y sólo 13 son políticos y cargos públicos, según la entidad antirrepresiva. Todos los policías que lo pidieron fueron amnistiados. Algunos sindicatos de la Policía Nacional se opusieron a la amnistía a los agentes procesados ​​por agredir a votantes el 1-O en Barcelona, ​​y sólo algunos de los afectados la pidieron, pero el magistrado instructor les ha acabado amnistiando igualmente. "No todos lo pidieron, pero se lo han aplicado a todos", denuncia Martí Majoral, portavoz de la organización antirrepresiva.

Por el contrario, 28 manifestantes y 23 políticos sí han visto cómo se les ha vetado la aplicación de la ley del olvido penal. Como estadio intermedio, entre el sí y el no, las derivaciones a terceros tribunales, en forma de cuestiones sobre la constitucionalidad de la ley o su encaje en el derecho de la Unión Europea, se han aplicado para 15 manifestantes o activistas y para 52 políticos o cargos públicos. La ley, que contempla un plazo máximo de dos meses para que se aplique a todos los afectados, está, pues, en el aire en muchos casos.

Los altos tribunales del Estado no han amnistiado a ninguno de los políticos independentistas investigados. Con la firme oposición a amnistiar la malversación, la sala penal del Supremo también ha llevado al Tribunal Constitucional la aplicación de la amnistía en los casos de desobediencia, que afecta a los dirigentes políticos del Proceso.

Entre los manifestantes a los que no se les ha concedido la amnistía, hay uno, Abel, que está en prisión desde mayo, y, por tanto, es el primer activista encarcelado del Proceso. En fase de instrucción se encuentran cuatro jóvenes por una protesta antimonárquica en Santa Coloma de Farners y, el 14 de enero tendrá lugar el juicio contra Joel Muñoz, el activista que se enfrenta a más años de cárcel, un total de 18, para atacar presuntamente webs de empresas y servicios gubernamentales a partir del 1-O.