El activista que se enfrenta a más años de prisión que los líderes del Procés
La Fiscalía pide 18 años para un joven de Vila-rodona por revelación de secretos y daños informáticos post 1-O
Una vez convocado el juicio oral a los presos políticos, la Fiscalía pidió 25 años para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Para los ex consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, 16. Solo el líder de ERC supera los 18 años de prisión que reclama el ministerio fiscal para Joel Muñoz. Este activista informático de 23 años, más conocido en las redes como Xelj, está acusado de los delitos de daño informático y revelación de secretos. Lo acusan de haber formado parte de la llamada #OpCatalonia, una operación comandada por Anonymous que se tradujo en ataques informáticos a webs de empresas y servicios gubernamentales españoles después del 1-O para denunciar la represión.
“Ya me han dicho que soy el segundo independentista con la pena más elevada, y es chocante porque en principio serían 11 años, pero me imponen la condena más grave”, lamenta el joven de Vila-rodona, que tiene asumido que este puede ser su último verano en libertad en muchos años. Calcula que el juicio puede llegar justo después. “Cuando recibí el escrito de la Fiscalía supe que ese día me cambiaría la vida, que el Estado me cogería como cabeza de turco”.
Muñoz explica que solo lo detuvieron a él y que no sabe por qué es el único imputado, cuando se produjeron múltiples ataques desde Catalunya y también desde otros países: “Decir que yo he hecho todo esto no tiene ni pies ni cabeza”. Los hechos lo vinculan, según la acusación, con ataques realizados entre el 17 de diciembre del 2017 y el 27 de febrero del 2018 contra las webs del ministerio del Interior, del Tesoro Público, de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, de Indra -responsable del recuento del 21-D- y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El Snowden catalán
A pesar de que niega todas las acusaciones, denuncia que aunque fueran ciertas la pena pedida es desproporcionada por el daño que se causó en las webs. “Los de una en concreto suben a 200 euros y los pagaría para que me dejaran tranquilo”, subraya Muñoz, al que también piden 10.800 euros de multa. Para hacer frente a los gastos de la defensa, que ya suman más de 15.000 euros, el grupo de apoyo liderado por Via Independència ha reclamado ayuda a la Caixa de Solidaritat, que todavía no ha sufragado parte de las facturas porque piden más explicaciones. “Parece que sea Snowden, pero si hice todo lo que dicen que he hecho, ¿dónde están las pérdidas causadas a estas webs?”, se pregunta el activista. Marca distancias con el extrabajador de la CIA, a pesar de admitir que siente una gran admiración por su tarea: “No me siento el Snowden catalán. Tenemos algunas similitudes como activistas, pero él filtró información que tenía a su alcance”.
A la hora de minimizar la gravedad de los hechos, destaca las conclusiones del informe que el perito informático que lo ayuda en la defensa ha realizado y donde dice que estos ataques los puede hacer cualquier persona. “¡Un niño de 11 años con un tutorial y un año y medio de experiencia también podría!”, exclama. “Básicamente por la baja seguridad de las webs, no por la facilidad de hacerlo -sostiene antes de sentenciar-: Hacer caer una web no es muy complicado”.
Muñoz lamenta que causas mucho más graves en países como Canadá han acabado en multa o con acusaciones que nunca han pasado de los diez años: “La de España es una ley antigua, que han adaptado un poco pero que continúa estando obsoleta y siendo muy dura”. Arrestado en el marco de la operación policial Green Hat, liderada por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el CNI, cree que la sentencia ya está escrita: “Tengo un buen abogado y el mejor perito informático, pero esta operación está orquestada por el deep state y el estado español es el estado español”.
Segunda detención
Después de detenerlo por primera vez el 27 de febrero del 2018, un año más tarde lo volvieron a hacer por amenazas a la seguridad nacional. Esta vez lo acusaban de haber hecho el vídeo que el colectivo internacional de hacktivistas publicó antes de la sentencia del Procés, en el que advertían de que si era condenatoria volverían los ataques. “Yo lo difundí en mi Twitter, pero no lo hice”, se defiende el joven, que cree que entraron otra vez en la casa donde vive con sus padres para buscar “nuevas pruebas incriminatorias y hacer más grande la causa”.
A pesar de la represión -que en su caso sufre en primera persona-, considera que la disidencia digital no hará más que crecer porque es “incontrolable” y “los niños crecen con un móvil en la mano”. También confía en que algún día en el derecho a la protesta quede amparado el ataque informático como si se tratara, dice, de un piquete. Ahora trata de hacer de tripas corazón y de no pensar todo el día en la larga temporada que se puede pasar en la prisión, a pesar de que expone que se ha ido preparando. “Me he concienciado y he leído mucho sobre las prisiones para que no me resulte nuevo”, explica el joven, que dice que es independentista porque es anarquista: “Es un paso para la descentralización del poder”.
