Todos los portazos del Estado a un referéndum pactado

BarcelonaEsquerra asegura que conseguir un referéndum pactado con el Estado no es "imposible", porque el gobierno español se ha avenido a indultar a los presos políticos, a suprimir el delito de sedición ya aprobar una ley de amnistía, aunque al principio se negaba. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, recuerda que todo ello ha sido gracias a la aritmética parlamentaria y al hecho de que el independentismo sea decisivo para la gobernabilidad del Estado. Su tesis es, pues, que ahora también pueden forzar al presidente español, Pedro Sánchez, a aceptar un referendo. Ahora bien, la historia de los últimos años demuestra que si hay una cuestión en la que el ejecutivo español nunca ha cedido es precisamente ésta, la madre de los huevos del conflicto catalán. De hecho, todas las peticiones que ha hecho el independentismo para pactar una consulta sobre la independencia de Catalunya han recibido el portazo del Estado.

Desde que empezó el Proceso, el independentismo ha utilizado varias fórmulas para pedir al gobierno español un referéndum acordado antes de tirar por el derecho y tomar el camino de la unilateralidad. Ocurrió antes de la consulta del 9-N y antes del 1-O, pero también han reactivado estas peticiones los gobiernos posteriores al 2017. Sin ir más lejos, esta semana lo ha hecho el presidente Pere Aragonès.

Los nos antes del 9-N y el 1-O

Desde 2012, los partidos independentistas han intentado pedir un referéndum tanto en el Congreso como también directamente en el gobierno español. Hace doce años, por ejemplo, Esquerra, junto a Amaiur y el BNG, intentaron debatir en la cámara baja una proposición de ley para defender el derecho a la autodeterminación de los pueblospero la mesa del Congreso no la admitió a trámite. Esta cuestión también ha estado presente en muchas de las sesiones de control al presidente español, fuera del PSOE o del PP. Ambos partidos se han posicionado siempre en el mismo sentido, en contra de celebrar un referendo en Catalunya.

También se opusieron cuando Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera trasladaron al Congreso la petición del Parlamento de delegar las competencias a través del artículo 150.2 de la Constitución para que la Generalidad convocara una consulta. Fue el 8 de abril del 2014 y entonces el Estado también cerró la puerta. El Govern de Artur Mas –que un año antes también había pedido por carta a Mariano Rajoy una consulta– asumió la vía unilateral y convocó el 9-N. El gobierno español llevó ese referéndum a los tribunales, que inhabilitaron al expresidente Artur Mas ya los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Años más tarde, el Tribunal de Cuentas también les obligó a devolver el dinero que había costado la consulta.

Ya con Carles Puigdemont en el Govern, el expresidente de la Generalitat volvió a poner sobre la mesa del entonces presidente español, Mariano Rajoy, una consulta pactada dentro de las 46 peticiones que le hizo llegar por escrito en la reunión que mantuvieron ambos en la Moncloa. El ex líder popular volvió a cerrar la puerta. Esta petición fue el 20 de abril del 2016. Cuatro meses después, Puigdemont se comprometía ante el Parlament a celebrar un referéndum en Catalunya con el o sin aval del Estado. Todo ello desembocó en el 1-O y en el posterior encarcelamiento de los líderes independentistas y decenas de encausados ​​a raíz de la sentencia del juicio del Proceso.

De la reunión de Pedralbes en la mesa de diálogo

La represión por el 1-O dejó tocado al movimiento independentista y no fue hasta casi un año después, ya con Quim Torra como presidente de la Generalitat, que el Govern volvió a reclamar a la Moncloa un referéndum. Lo hizo el propio Torra en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez en julio del 2018 y que recibió el no del presidente español. Meses más tarde, Torra y Sánchez se reunieron en el Palacio de Pedralbes para intentar dar continuidad al deshielo en las relaciones Estado-Generalitat. El encuentro acabó con el compromiso de ambas partes de vehicular una "propuesta política" para solucionar el conflicto catalán. Todo ello quedó en standby por la convocatoria de elecciones anticipadas de abril de 2019, después de que Esquerra tumbara los presupuestos estatales.

Con la sentencia del Proceso, en octubre del 2019, el diálogo con el Estado lo reanudaron los republicanos cuando, a cambio de investir a Pedro Sánchez, pactaron con el PSOE abrir una mesa de diálogo entre la Generalitat y la Moncloa. Una herramienta que ha servido para sacar adelante a los indultos y eliminar el delito de sedición. Ahora bien, el gobierno español se ha desentendido de todos los intentos de pedir un referendo que el independentismo ha hecho en esta mesa. Hay una nueva mesa entre el PSOE y Junts desde la investidura de Pedro Sánchez, en la que los junteros también quieren negociar el referéndum pese al rechazo frontal de los socialistas.

La oposición al acuerdo de claridad

Tampoco se ha avenido a hablar de la última propuesta que hizo el Gobierno de Pere Aragonès: un acuerdo de claridad con el Estado para pactar una consulta. El presidente de la Generalitat la lanzó el 27 de septiembre del 2022 desde el Parlament y ese mismo día la Moncloa ya rechazó la oferta. Hace pocos meses, Aragonès hizo público el informe que elaboraron un grupo de expertos con diferentes propuestas para votar sobre la independencia de Catalunya. De todas, el Govern se hizo suya la que ha defendido siempre: un referendo sobre la independencia de Catalunya. Esta semana el Instituto de Estudios del Autogobierno hizo público el informe sobre los caminos jurídicos para dar salida a este referéndum y puso sobre la mesa utilizar la vía del artículo 92 de la Constitución, tal y como el soberanismo ya había propuesto hace una década a través de los informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional. El mismo día, el gobierno español volvió a cerrar la puerta.