Debate de política general
Política 27/09/2022

Aragonès propone un "acuerdo de claridad" al Estado y la Moncloa lo rechaza

El acuerdo, inspirado en el Quebec, tiene que servir para determinar "cuándo y cómo" Catalunya hace un nuevo referéndum

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El presidente Aragonès y la consejera Vilagrà entrando en  debate de política general.

BarcelonaAcuerdo de claridad. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha atado este martes a estas tres palabras para intentar que Catalunya pueda votar durante su mandato en un "referéndum efectivo". Es la propuesta sobre autodeterminación que se comprometió a hacer durante el debate de política general y que hoy ha comunicado ante el hemiciclo. ¿Cómo se concreta? De momento ha explicado cómo empieza todo el proceso, pero todavía falta mucha letra pequeña para saber qué hay de nuevo respecto a lo que ya reivindicaba hasta ahora. Por ahora, el president lo resume así: "Un acuerdo que identifique cuándo y cómo Catalunya puede volver a ejercer el derecho a decidir. Como han hecho Canadá y el Quebec". Minutos después, la Moncloa ha rechazado la propuesta y ha considerado que los gobernantes se tienen que centrar en "las cosas importantes, las cosas de comer". La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, ha situado la relación entre gobiernos en la mesa de diálogo, donde no se ha hablado de esta cuestión. En cambio, sí ha abierto la puerta a la reforma de la sedición, informa Ot Serra.

Vamos por partes. Lo primero que sugiere la palabra claridad es el proceso de independencia que intentó el Quebec y que no fructificó porque en dos referéndums ganó el no. Ahí se hizo una "ley de claridad" para regular las condiciones de un hipotético tercer referéndum. Aragonès no ha explicado si su propuesta también se acabará vehiculando a través de una ley, pero está claro que con el nombre que ha escogido quiere transportar al marco mental catalán una experiencia exitosa de referéndum acordado y reconocido internacionalmente. Dicho de otra manera, ha viajado de Escocia -hasta ahora el referente más citado- al Quebec. Todo ello para conseguir la vía para hacer "un referéndum definitivo que permita traducir la decisión de la ciudadanía en consecuencias políticas".

Lo que sí se sabe son las dos fases genéricas de todo el proceso. En una primera fase, apuntan fuentes gubernamentales, el Govern buscará acumular fuerza y recoger apoyos en Catalunya e internacionalmente hacia esta idea. Básicamente, se explicará este acuerdo de puertas afuera y recogerán cuáles tienen que ser las bases y las condiciones para aplicarlo. Unas de las posibilidades, según precisan las mismas fuentes, es situar a una persona al frente de este engranaje para que pilote los trabajos. La segunda fase será la complicada: traer este acuerdo de claridad al Estado para negociarlo y que el referéndum sea una realidad. La mesa de diálogo sería con toda probabilidad el espacio escogido. Aragonès ha querido darle la máxima solemnidad así: "Ha llegado el momento de volverlo a hacer".

En resumen, el acuerdo de claridad sería una especie de pacto nacional como los que ya se han puesto en práctica en campos como la industria, el catalán y la cultura -incluso hay una experiencia relativa al derecho a decidir-. Implicar a la sociedad civil catalana en la propuesta, después definirla con concreción y finalmente llevarla ante el Estado. No sería la primera vez que, desde que estalló el Procés, un president de la Generalitat intentaría un referéndum acordado. Ya lo hicieron Artur Mas y Carles Puigdemont, y ninguno de los dos lo consiguió. El primer intento acabó derivando en la consulta del 9-N y, el segundo, en el referéndum del 1-O. Ninguno de los dos fue pactado.

De hecho, las referencias a la ley de claridad de Canadá han sido constantes en la última década: se ha reivindicado desde el independentismo, pero incluso desde el PSC -también los comuns-, que primero con Pere Navarro y después con Miquel Iceta aludieron al Quebec y Canadá para resolver el conflicto político. Aunque Aragonès no ha citado a los socialistas, sí ha explicado que su propuesta va dirigida al conjunto del país, es decir, "a todos los demócratas, sean independentistas o no independentistas". Por lo tanto, una fórmula que busca captar en el proceso no solo a la base electoral de ERC, Junts y la CUP, sino también a la de los comuns y el PSC. Una fórmula, en definitiva, que supere el marco del 9-N y el 1-O, que solo movilizó al independentismo.

Sin horizonte definido

La principal diferencia con los dos precedentes citados es que, a diferencia de Mas y Puigdemont, Aragonès no quiere encorsetarse con una fecha ni con un plazo. Desde su giro pragmático del invierno de 2017, Esquerra ha eliminado siempre los calendarios de sus propuestas. Desde el Palau de la Generalitat, sin embargo, se asegura que no se está pensando "a muy largo plazo". La principal virtud de la propuesta, añaden, es que marca un camino para intentar la autodeterminación compatible con "la idea de seguir gobernando" el día a día. Referéndum y "buen gobierno".

La reacción del gobierno español ha sido la previsible: no rotundo de entrada. Fuentes de la Moncloa aseguran que sabían que Aragonès haría una propuesta y alegan que es un asunto que no se ha hablado en la mesa de diálogo. Tampoco le ha dado alas el líder del PSC, Salvador Illa, que ha criticado que el acuerdo de claridad solo es un "déjà-vu" que "no resuelve nada".

Ahora habrá que estar pendiente de qué receptividad tiene la propuesta en el resto de grupos parlamentarios, sobre todo en Junts, socio de ERC en el Govern. El president no ha hecho ninguna alusión en su discurso a la falta de unidad del ejecutivo, que en las últimas semanas ha disparado el mal ambiente entre los dos partidos. Sí ha querido, sin embargo, tirar un mensaje de complicidad hacia todos sus consellers fueran del partido que fueran. Así, ha querido destacar que está muy orgulloso del trabajo que han hecho "todos" y ha repasado uno a uno el trabajo hecho por todos los departamentos.

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