PP y Vox pactan en Alicante una zona de bajas emisiones sin multas
La formación de ultraderecha defendió que la medida evita que se penalice a los ciudadanos por lo que calificó de "fanatismo climático"
ValenciaEl Partido Popular de Alicante ha pactado con el grupo municipal de Vox los presupuestos para 2024 en un acuerdo que incluye la petición de la formación de ultraderecha para que en la ciudad se eviten las multas a los vehículos que no cumplan las exigencias de la zona de bajas emisiones (ZBE).
El portavoz de la junta de gobierno, el popular Manuel Villar, ha justificado la cesión a Vox en que el Observatorio de Medio Ambiente de Alicante señala que en la ciudad "no hay ha problemas de contaminación". En este sentido, Villar admitió que el flujo de tráfico en Alicante "seguirá como antes".
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox, Carmen Robledillo, se felicitó por haber conseguido que no se impongan multas y defendió que el trabajo de su grupo permitió "que no se penalice a los alicantinos y los pequeños negocios" por lo que calificó de "fanatismo climático".
En una comparecencia ante los medios de comunicación tras presentar a Juan Antonio Nieves como nuevo subdelegado del gobierno español en la demarcación de Alicante, la delegada del ejecutivo estatal en la Comunidad Valenciana y vicesecretaria del PSPV, Pilar Bernabé, afirmó que los gobiernos del PP y Vox suponen la aprobación de "retrocesos" que son "impensables hace apenas unos años y que no tienen cabida en una sociedad moderna". En este sentido, criticó a ambas formaciones por su "negacionismo climático".
La ordenanza municipal que debía regular la ZBE con sanciones económicas está vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de Europa, en el que se destinaban un total de más de 15 millones de euros a la ciudad para la realización de 12 proyectos de transformación urbana.
El pacto presupuestario incluye otras exigencias de Vox como la creación de oficinas “para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares" y un servicio "para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas”.
